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Unidas Podemos denuncia un déficit de plazas de FP de Grado Medio y propone un plan de choque (29-7-2022)

 

Unidas Podemos denuncia un déficit de plazas de FP de Grado Medio 

y propone un plan de choque

  El diputado Agustín Moreno ha registrado una petición de comparecencia urgente del consejero de Educación para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional


MADRID. 29 de julio de 2022 

El diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno ha registrado una petición de comparecencia urgente del consejero de Educación en el pleno de la Asamblea de Madrid para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional. La formación morada insiste en que cada año miles de alumnos se quedan sin plaza en los ciclos de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid. Los datos del curso pasado revelan que 29.311 alumnos se quedaron sin plaza. 

Este comienzo de curso todavía no se puede precisar por la falta de transparencia de la consejería de Educación que obliga a ver centro a centro y ciclo a ciclo el número de admitidos y de no admitidos. Además, aún no se conocen los datos de matriculación en los Ciclo de Grado Superior de FP y los de FP a distancia que saldrán en septiembre. En todo caso, Agustín Moreno indica que el compromiso no demostrado del gobierno Ayuso de crear 10.000 plazas queda muy lejos de las 30.000 plazas no atendidas del curso pasado. 

La razón de esta situación, tal y como afirma Moreno, hay que encontrarla en una estrategia deliberada del gobierno de la Comunidad de Madrid que impulsa un proceso de privatización de la FP que ha hecho que en una década haya crecido el porcentaje de alumnado escolarizado en la privada en un 14%. Hay tres mecanismos para ello: 1) mantener un déficit estructural en la oferta de plazas públicas; 2) no ofertar en los centros públicos muchos ciclos de gran demanda y mayor empleabilidad que se reservan para la oferta privada; 3) ampliar la política de cheques escolares para derivar alumnado a los centros privados; en concreto, este año se pretende que haya 12.915 alumnos en ciclos privados de FP de Grado Superior y de Grado Medio.

Unidas Podemos denuncia que es disparatado que se deje sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes, en una comunidad que tiene una alta tasa de paro juvenil y de precariedad laboral. No es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo.

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid exige, una vez más, al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional y prepare un Plan de Choque que incremente la oferta pública y permita atender en septiembre la demanda insatisfecha. En concreto, propone:

1. Garantizar la gratuidad de las matrículas de Formación Profesional de Grado Superior, eliminando la actual tasa de 400 € que no se cobra en la gran mayoría de las CCAA.

2. Apostar por la construcción urgente de nuevos centros públicos de Formación Profesional, para atender la demanda existente de plazas de Formación Profesional.

3. Invertir de forma integral para la creación de plazas en la Formación Profesional pública la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid de los 103,9 millones de euros que el gobierno central distribuirá para la creación de 55.408 plazas públicas de Formación Profesional en todo el Estado. Los Fondos Europeos para la Recuperación y Resiliencia deben ser una oportunidad para fortalecer seriamente la Formación Profesional, abandonando la propaganda en torno a la FP dual y bilingüe, programas que siguen sin evaluarse.

4. Aumentar el profesorado público de Formación Profesional para permitir el uso de los centros de Formación Profesional en horario de tarde, aumentando la oferta de plazas.

5. Apostar por aumentar el porcentaje de plazas de Formación Profesional públicas en la Comunidad de Madrid para alcanzar la media del Estado del 70%.

viernes, 29 de julio de 2022

El gobierno de la Comunidad de Madrid persevera en el deterioro de los servicios educativos públicos de orientación educativa (Comunicado del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid)

 

La nueva circular de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Especial relativa al funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Madrid para el curso 2022/23 viene a abundar en el deterioro de los servicios educativos públicos de orientación y da continuidad a los cambios notables surgidos de la circular del curso pasado.

En primer lugar no se hace ninguna evaluación del enorme impacto negativo que ha tenido la circular de funcionamiento de este curso 2021-22. Esto ya no sorprende a nadie, puesto que estos gestores del Gobierno de la Comunidad de Madrid no tienen nunca intención de evaluar ninguna modificación sustancial en la Educación Pública; véase la situación de la atención a la diversidad, el bilingüismo, la zona única de escolarización, la construcción de centros por fases, ahora las “becas”, en realidad cheques escolares para las familias con rentas altas que escolarizan a sus hijas e hijos en centros privados… En fin, la segregación, la descapitalización y el desmantelamiento de la Educación Pública.

Respecto a la intervención de los EOEP, nuevamente entra en colisión con normativas de orden superior no derogadas como la Resolución del 28 de julio de 2005 y la Resolución del 17 de julio de 2006, impidiendo de hecho que se realicen algunas de las funciones que tienen encomendadas los equipos, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo en el sector[1] y el de coordinación interna, elementos clave que dan sentido a la tarea de estos servicios de apoyo a la escuela.

Resaltamos el carácter sociocomunitario de su intervención en el ámbito educativo, pero también respecto al ámbito social o de salud.

Respecto al sector se ven limitadas o imposibilitadas las coordinaciones con los servicios de salud primaria y especializada, como la salud mental. Hay que tener en cuenta la implicación directa y recíproca del bienestar personal y familiar en los procesos de aprendizaje desarrollados en los centros educativos. No es posible una visión integral y global del alumnado sin considerar la influencia que tiene el contexto familiar y social en el funcionamiento y desarrollo de alumnos y alumnas, y sin una acción conjunta entre servicios.

En este sentido la colaboración con servicios sociales y otras instituciones de carácter socio comunitario del sector se ve muy restringida, no siendo posible la continuidad en la coordinación y seguimientos, o inexistente en muchos casos, por la sobresaturación de los servicios.

La muy escasa presencia de los profesionales PTSC (Profesor/a Técnico/a de Servicios a la Comunidad) y Trabajo Social en los equipos -en muchos casos las plantillas no han aumentado en estos perfiles en más de tres décadas-, esenciales en este trabajo de zona, genera gran estrés y frustración, al tener que abandonar a su suerte gran parte de la atención que podría llevarse a cabo en relación con alumnos y alumnas de muchos centros. Hablamos precisamente de población especialmente vulnerable, en el contexto de una pandemia y tras sucesivas crisis socioeconómicas como la que estamos padeciendo ahora.

En cuanto al trabajo interno, al haberse reducido a una mañana semanal en la sede de los equipos, resulta muy difícil disponer de tiempo suficiente para colegiar decisiones respecto a alumnado concreto. Hemos de recordar que los equipos no son una suma de profesionales agregados e independientes y que las decisiones que se toman respecto a la evaluación y diagnóstico de necesidades educativas, comprometen los apoyos que un alumno o alumna va a recibir y el debate y consenso, permiten objetivar y adaptar mejor las orientaciones a las familias y a los centros.

Como recurso externo de sector, la restricción de tiempos dificulta igualmente el trabajo en comisiones tanto para la gestión interna (elaboración de planes y memorias, documentación, gestión de biblioteca, actualización de archivos y expedientes, acogida y asesoramiento de nuevos profesionales, gestión de compras y de pruebas psicopedagógicas, recursos materiales y tecnológicos, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, etc.), como para el debate más técnico.

Los equipos son buenos conocedores de la realidad de los centros del sector que atienden. Restringir los tiempos de coordinación implica dificultar o imposibilitar, como ha ocurrido este año, que se puedan elaborar orientaciones y materiales para trasladarlos a los centros, tal como se hizo durante la pandemia y el curso de reinicio (elaboración de planes de refuerzo, instrumentos de detección de dificultades emocionales, plan de acción tutorial, etc.). Este curso, por ejemplo, no se ha dispuesto de tiempo para abordar la nueva Ley de Educación y los decretos del nuevo currículo, aspectos sobre los que los equipos tendrán que asesorar el próximo curso.

Las tareas burocráticas se han multiplicado sin cesar en los últimos años, lo que ha sobrecargado aún más la labor de los equipos. Esto no es casual. Se tiene la impresión de que cualquier coordinación y proceso deliberativo colectivo compartido de decisiones no es del agrado de estos gestores, que prefieren no escuchar, ejercer el control a través de la burocratización de decisiones, ejecutar acciones a veces contradictorias y arbitrarias, teniendo que desdecirse, como ha ocurrido con el desarrollo del Programa de cooperación Territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del Alumnado Educativamente Vulnerable, dotado con fondos europeos, que se impuso a los equipos y los centros cuando ya habían elaborado su programación anual y que ésta administración está utilizando para financiar gastos ordinarios.

Creemos finalmente que un nuevo modelo de “desorientación” educativa se está fraguando, como se puede constatar a partir de las dos circulares de funcionamiento de equipos del curso pasado y para el próximo 2022-23. La modificación de las condiciones laborales respecto a itinerancia, horario y aspectos organizativos así lo atestiguan.

El debate público sobre este asunto, como en otros, es CERO.

Por todo ello y conociendo muy bien el devenir de la política educativa de esta administración no esperamos ningún cambio, salvo el de los actuales gestores. Sin embargo, planteamos y EXIGIMOS:
  • Aumentar el número de profesionales PTSC y de apoyo a la diversidad en los equipos de orientación.
  • Mantener el horario de trabajo de sector y trabajo interno como señalan las resoluciones aludidas, aún vigentes.
  • Reconocer el horario del desplazamiento desde las sedes a los centros, entidades e instituciones.
  • Abrir un debate clarificador sobre los modelos y sistemas de orientación, con la participación de equipos, centros y familias.
Con estas circulares se modifica sustancialmente el ejercicio de las funciones de los EOEP, repercutiendo negativamente en la calidad de la orientación socioeducativa pública, calidad que las familias y la comunidad educativa madrileñas merecen.

27 de julio de 2022

Grupo de Trabajo de Orientación Educativa e Inclusión

Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid



[1] El término sector hace referencia no solo a la zona geográfica de localidades que atiende cada equipo de orientación, sino también al ámbito de funciones reflejadas en la normativa, que van más allá de la intervención en los centros, como la coordinación con servicios sociales y educativos, de salud primaria o especializados o  la participación en otros espacios de coordinación en corporaciones locales, como las mesas de absentismo, entre otras.

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