Exigimos al Gobierno de la CM que garantice plazas para que todo el alumnado matriculado en los centros públicos de Formación Profesional reglada realice sus prácticas en empresas (Comunicado de Podemos CM. 5-2-2025)

 

Podemos Comunidad de Madrid exige al Gobierno de la CM que garantice plazas para que todo el alumnado matriculado en los centros públicos de Formación Profesional reglada realice sus prácticas en empresas 

Desde hace algún tiempo el alumnado de Formación Profesional, con especial incidencia en algunas  familias profesionales y ciclos, ve conculcado su derecho a la realización de las prácticas en las empresas por no disponer de la correspondiente plaza. Si el curso pasado, 2023-24, ya hubo graves problemas, en el presente curso han aumentado con la entrada en vigor de la normativa que obliga a hacer la estancia en las empresas más tiempo y en diferentes períodos, a lo que se añade el incremento de personas que cursan la Formación Profesional. La preocupación personal provocada en cada alumna y alumno afectados es intolerable. No sólo se vulnera un derecho, sino que es inadmisible la percepción de la ciudadanía que es abandonada, individuo a individuo, una vez más por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Por todo ello, MANIFESTAMOS lo siguiente:

• La realización de las prácticas en las empresas es un derecho que adquiere cada alumno o alumna que se matricula en un ciclo formativo de Formación Profesional. Desde ese mismo instante ha de tener garantizado su acceso, sin merma alguna de la calidad, a las prácticas en empresas. El problema causado por la falta de cumplimiento por parte de las administraciones madrileñas no debe considerarse como una cuestión individual de cada persona matriculada; tiene carácter social y, por lo tanto, debe concernir e implicar a todos los agentes sociales (administraciones públicas, empresas públicas y privadas, CEOE, sindicatos, partidos políticos…).

• La política privatizadora de la actual administración hace desconfiar de la eficacia en su cometido y obligación ya que de esta manera orienta al alumnado hacia el sector privado que puede solucionar las prácticas de otras maneras, en ocasiones, “poco ortodoxas”.

• La amplia red de instituciones y centros públicos de las administraciones (hospitales, centros de salud, universidades, ayuntamientos, ministerios, comunidad, correos, metro, RENFE, etc.) en los que se podrían hacer estas prácticas es un recurso que se debe poner a disposición de todos los centros públicos de Formación Profesional. 

• La dotación de recursos materiales en los centros, además del personal necesario, no deben ser escatimados tal y como se observa de forma reiterada. Los centros, y especialmente los tutores de prácticas en las empresas han disponer de tiempo y bolsas de empresas suficientes proporcionadas por las administraciones madrileñas. Estas y los agentes sociales deben ser una fuente de apoyo con acuerdos e instituciones que asuman la Formación Profesional como empeño y obligación colectiva de la sociedad.

Por lo tanto exigimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid

• proporcione y garantice de manera inmediata la realización de esas prácticas a cada alumno y alumna que, al estar matriculados en Formación Profesional, tienen derecho a hacer prácticas en empresa, de acuerdo con lo programado en cada centro y ciclo. Las administraciones madrileñas tienen la obligación de solucionarlo y no pueden inhibirse como si esto fuera un problema personal de cada alumna y alumno;

• haga una planificación a medio y largo plazo para que se garanticen las prácticas en empresas sin que curso tras curso siga de manera reiterada el problema que no es sino un maltrato al alumnado. 

Podemos CM apoyamos las acciones, huelgas y movilizaciones convocadas por las asambleas de alumnado y el Sindicato de Estudiantes. Asimismo, hacemos un llamamiento a participar en la Manifestación convocada el jueves 6 de febrero, a las 18:30 h., de Atocha a la Plaza de Jacinto Benavente, y en la asamblea abierta posterior. 

5 de febrero de 2025

Equipo de Formación Profesional del Área de Educación de Podemos CM

Ayuso da un paso más en su labor de segregación y exclusión del alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista) de la Comunidad de Madrid (Comunicado del Área de Educación de Podemos CM. 5-6-2024)

 

Ayuso da un paso más en su labor de segregación y exclusión

del alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista)

de la Comunidad de Madrid

Cuando se publicó la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones para facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista y las actuaciones relacionadas con la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado ya advertíamos en nuestro Comunicado de 6 de noviembre de 2023 de que lo que esconde esta valoración continuada es empujar al alumnado que no avance según “unos criterios” (criterios que no se ajustan a las características de este alumnado) a un cambio de modalidad. Esto significa que el alumnado con necesidades de apoyo más intensivo será derivado a la modalidad de Educación Especial, o bien desde el inicio de su escolarización, o bien cambiándoles de modalidad en cualquier momento. 

De esta manera se fomenta la segregación y la exclusión favoreciendo su derivación en mayor medida a centros de Educación Especial. De hecho la respuesta que se ha dado en algunos casos a las familias que ven rechazadas las solicitudes de incorporación de sus hijos/-as a estos centros, van en la línea de recomendar la conveniencia de un cambio de modalidad de escolarización en este sentido. 

Ya es una realidad: Ayuso y su gobierno, desconociendo u obviando las necesidades reales de estos alumnos y alumnas con Trastorno del Espectro Autista les dejan fuera de la escolarización de los centros ordinarios y les derivan a la modalidad educativa de Educación Especial, sin darles tiempo a desarrollar todas sus potencialidades en los centros ordinarios, con la excusa de que puedan tener los apoyos y recursos que deberían tener en sus centros educativos. 

Era de prever, como ya se advertía desde los equipos de orientación y evaluación psicopedagógica públicos, al constatar el rechazo de la mayoría de sus propuestas de apoyo intensivo en centro ordinario, por parte de la comisión interterritorial, sin criterios claros y conocidos para ello. 

Sin anticipación ni previsión, como acostumbra esta Consejería, nos encontramos de golpe con la necesidad de encajar la escolarización de este alumnado, con lo que lo que supone de quebranto para las familias, en centros de educación especial, alejados de su entorno cercano. 

Ya han comunicado a las familias de casi 80 alumnos y alumnas el traslado forzoso de sus hijas e hijos al CEIP Perú, un centro de escolarización ordinaria, donde la Consejería de Educación pone en práctica su Ley Maestra, al crear aulas de Educación Especial en centros ordinarios. 

Esto supone un maltrato al alumnado con TEA porque se trata de un centro público:

·    Con aulas separadas de Educación Especial. 

·  Alejado de sus domicilios, lo que implica en la mayoría de los casos un desplazamiento de muchos kilómetros.

·   Que va a tener que soportar a diario y durante mucho tiempo el ruido de la tuneladora y la contaminación de las obras para la ampliación de la L11 de metro, condiciones intolerables para su alumnado actual y aún más, dadas sus características, para el alumnado al que van a desplazar a sus instalaciones.

·    Que las familias rechazan porque lo que solicitan  es un centro público inclusivo, y cercano a su domicilio, con los apoyos y recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades que sus hijos e hijas  precisan. 

Es una nueva arremetida deliberada contra el alumnado más vulnerable, que necesita una respuesta ajustada a sus necesidades y nunca debería ser la víctima, como es el caso, de la política de saqueo a la Educación Pública del Partido Popular. Un Partido Popular empeñado en segregar, excluir y recortar la atención a la diversidad.  

Por estas razones, tenemos clara la doble intencionalidad de Ayuso. 

Por un lado, crea la necesidad de construir más centros de Educación Especial, insistiendo en su afán segregador y de dar negocio a empresas privadas. 

Y, por otro, continúa con su objetivo de desmantelar la Educación Pública al seguir deteriorando las condiciones del CEIP Perú:

·   A pesar de ser el único centro público de la zona con posibilidades de crecer, ya no va a poder cubrir la numerosa demanda de nuevas plazas en el Primer Ciclo de Educación Infantil para el próximo curso. 

·    Además incrementa la ocupación de instalaciones, como el gimnasio, que se destinará al centro de Educación Especial, y el patio del Segundo Ciclo de Educación Infantil, espacios que se añaden a los que el actual alumnado lleva años sin poder utilizar. 

El modelo educativo de Podemos es inclusivo: todo el alumnado tiene derecho a una plaza en un centro educativo público cercano a su domicilio y dotado de los profesionales necesarios (un Orientador/-a por cada 250 alumnos, docentes de Pedagogía Terapéutica -PT-, de Audición y Lenguaje -AL- , Técnicos Superiores en Integración Social -TIS-, Profesionales de Servicios a la Comunidad-PSC-) y de los recursos materiales adecuados para garantizar su éxito educativo. 

Nos merecemos una administración educativa que empatice con las necesidades de su alumnado y no adopte decisiones arbitrarias, sin anticipación, sin debate ni participación con los docentes, servicios de orientación públicos y las familias. 

La Educación, si no es inclusiva, sólo es un instrumento de segregación y clasificación social, en contra de una sociedad cohesionada, solidaria, activa y participativa por la que apostamos. 

¿Cuántos más destrozos y recortes vamos a tener que seguir soportando los madrileños y madrileñas en la Educación Pública? 

5 de mayo de 2024

Equipo de Inclusión educativa

del Área de Educación de Podemos CM

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO en la Comunidad de Madrid (Área de Educación Podemos CM. 25-4-2024)

  

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO

en la Comunidad de Madrid

Nuevamente vuelven este curso 2023/24 las evaluaciones externas (*1) de los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Y lo hacen sin haber resuelto (ni asomo de voluntad para ello) el problema de las evaluaciones estandarizadas de lápiz y papel, que no tienen en cuenta los contextos concretos donde se desarrollan los aprendizajes, es decir el esfuerzo de los docentes y familias, la variabilidad socioeconómica poblacional y los escasos recursos personales con que cuentan los centros, para atender las muy diversas necesidades educativas del alumnado de nuestra región.

La evaluación es necesaria sin duda y ha de perseguir ante todo mejorar no solo la presencia sino la participación y el éxito en los aprendizajes de todos los alumnos y alumnas, en un proceso continuo de mejora de la inclusión educativa.

Las variables estructurales (excesivas ratios, sobresaturación de horas lectivas que dificultan la coordinación docente, escasos recursos para atender la diversidad funcional de las aulas, el área única de elección de centro, etc.), así como decisiones políticas segregadoras como el bilingüismo y las nuevas normativas, desarrolladas en nuestra comunidad por los actuales gestores a partir de la Ley Maestra, están teniendo consecuencias nefastas en el progreso de la educación en Madrid. Estos aspectos nunca se tienen en cuenta a la hora de evaluar el sistema educativo madrileño.

Desde el Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid siempre nos hemos opuesto a este tipo de pruebas y al uso espurio que se ha hecho de ellas, como la publicación de resultados que sitúan a los centros en torno a un ranking. Estas pruebas generan estereotipos sobre los centros educativos y los contextos en los que se encuentran, sobre las expectativas del alumnado, familias y la elección de itinerarios, situando a los centros en dinámicas de competición opuestas a los fines de una educación para todos y todas.

Estas evaluaciones no aportan además ningún cambio sustancial en la mejora de los procesos educativos, como se ha venido comprobando a lo largo de los años. Ni vienen a corregir desigualdades ni la mejora del sistema educativo, ya que en ningún momento proponen medidas realmente necesarias y efectivas, como incrementar el número de profesionales, reducir ratios para favorecer mayor atención individualizada, compensar con más recursos materiales en contextos más desfavorecidos, o facilitar el desarrollo de prácticas pedagógicas que dan buenos resultados para todo el alumnado, tengan o no necesidades específicas de aprendizaje.

La estandarización y descontextualización de estas pruebas para valorar el rendimiento académico del alumnado sin tener en cuenta su punto de partida, la variedad sociocultural y educativa de los centros, obstaculiza a muchos alumnos y alumnas a la hora de realizarlas. Las competencias evaluadas a través de este tipo de exámenes escritos, no tiene en cuenta una visión global competencial, quedando fuera aspectos educativos muy relevantes para la formación global de una ciudadanía consciente, crítica, solidaria y proactiva, para responder a los desafíos de las sociedades actuales, que aparecen de manera explícita formulados en nuestro marco legislativo estatal de educación (LOMLOE). Tal es el caso de la música, las artes, la convivencia, la autonomía personal, el trabajo en equipo, la educación física o la educación en valores, entre otras.

Estos instrumentos de evaluación condicionan las prácticas escolares, reorientando la metodología y la práctica educativa. Influyen en la temporalidad y selección de contenidos, privilegiando ciertos temas sobre otros, dejando de lado ciertos aprendizajes frente a otros, homogeneizando prácticas docentes, dedicando tiempo al entrenamiento en estos exámenes, con el objetivo de que una mayoría del alumnado supere con éxito dichas pruebas. Esto afecta a la atención a la diversidad de las aulas, escasamente representada en ellas.

Estas pruebas constituyen en sí mismas un instrumento de regulación y control del profesorado, descontextualizando los contenidos curriculares intentando homogeneizar al alumnado, profesorado y a la comunidad educativa, haciéndoles competir por los resultados.

Esta forma de evaluar el sistema educativo atenta contra la inclusión y la equidad. Excluyen a un alumnado diverso funcionalmente, que debería ser foco de mayor atención. Incluso aunque se adopten medidas de adaptación curricular de estos exámenes, en los cómputos globales, determinados resultados no se tienen en cuenta a la hora de establecer medias de cada centro, por lo que esta práctica excluye al alumnado más vulnerable.

No evalúa procesos sino productos. Las evaluaciones han de contemplar el progreso de todos y de todas, especialmente las más vulnerables. Con estas pruebas, algunos centros pueden obtener malos resultados, a pesar de que conocemos que hacen un trabajo espléndido en la atención de la diversidad e inclusión. Salen mal en esa foto.

Las escuelas han de avanzar hacia mayores niveles de inclusión, pero también promoviendo aprendizajes para formar sociedades más inclusivas.

La resolución por la que se dictan las instrucciones de estas pruebas, vuelve a cometer los mismos errores que en ocasiones pasadas, lo que lleva a pensar que se trata de una intención deliberada, que parte de concepciones erróneas e ideologizadas sobre la evaluación como diagnóstico, poniendo una vez más el énfasis en determinados conocimientos a transmitir y evaluar.

Así pues, rechazamos esta supuesta evaluación porque:

• No es más que un etiquetaje y calificación de centros con la más que probable comparación entre ellos y el grave riesgo de que vuelvan a aparecer listados clasificatorios, como si de una competición se tratara.

• Estas pruebas no son necesarias, ni van dirigidas a la mejora de la calidad, de la equidad y de la excelencia (no sabemos de quienes) como falazmente señala en su justificación la resolución.

• Es falso que contribuya a detectar los factores que afectan a las trayectorias y al rendimiento del alumnado (ni siquiera lo plantean) y tampoco sirven para identificar las causas de los resultados como pretenciosamente señala la resolución.

• Es segregadora, excluyente del alumnado más vulnerable y deja en manos de los centros las medidas y propuestas de mejora. El apoyo por parte de la administración educativa a la mejora de los procesos de aprendizaje y la posible provisión de recursos para atender un alumnado heterogéneo ni están ni ya se las espera.

• Consideramos que hay otras herramientas de investigación y diagnóstico, complementarias en sí mismas, que pueden contribuir a esclarecer dificultades y líneas de actuación de apoyo decidido a los centros y a los procesos educativos, respetando la iniciativa y autonomía de los propios centros.

• No cuentan ni han contado nunca con la opinión de los docentes, las familias y el propio alumnado.

• Son sólo un paripé, una impostura de propaganda, a la que nos tienen desafortunadamente ya acostumbradas, desviando la atención de las necesidades educativas reales de los centros y del alumnado.

En Podemos Comunidad de Madrid entendemos que la función evaluadora es algo más que calificar y forma parte de un proceso reflexivo compartido y participativo, cuya finalidad última ha de ser construir comunidades cohesionadas e inclusivas.

Por todo ello:

• Compartimos las reticencias y el rechazo de Marea Verde, de diversos colectivos, organizaciones y plataformas vinculadas a la Educación Pública y entendemos, por tanto, la desconfianza que dichas pruebas suscitan en la comunidad educativa.

• Respaldamos cualquier intervención evaluadora de diagnóstico, dirigida a identificar problemas y encontrar soluciones.

• Apoyamos y apoyaremos cualquier iniciativa dirigida a rechazar este tipo de pruebas.

25 de abril de 2024

Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid

(*1) RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LOS ALUMNOS DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL CURSO ESCOLAR 2023-2024 (15-3-2024)

Puedes descargar el comunicado en este enlace.

Comunicado de apoyo al alumnado de Formación Profesional pública de la Rama Sanitaria de la Comunidad de Madrid

 

Comunicado de apoyo al alumnado de Formación Profesional pública 

de la Rama Sanitaria de la Comunidad de Madrid

En las últimas semanas, los y las alumnas de Formación Profesional de la rama sanitaria están realizando movilizaciones demandando poder hacer las prácticas imprescindibles para acabar su ciclo formativo, después de años de esfuerzo de ellos y de sus familias.

Una vez más, el afán privatizador del gobierno de Ayuso demuestra que solamente quieren hacer negocio con la Educación y sobre todo con la Formación Profesional, la principal damnificada de estas políticas privatizadoras.

Es inmoral que los alumnos de la pública no puedan realizar de forma gratuita su formación práctica mientras que los de la privada la tienen garantizada. Es lamentable que no haya plazas suficientes para estos alumnos de la pública y que además se quiera cobrar por hacer estas prácticas en centros de titularidad pública.

Exigimos que la Comunidad de Madrid garantice las prácticas gratuitas a estos alumnos y que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, legisle para asegurarlas.

Desde Podemos Comunidad de Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad a las y los estudiantes de Formación Profesional y llamamos a participar de estas movilizaciones y a que se cumplan sus reivindicaciones.

Por una Formación Profesional pública, gratuita y de calidad y que garantice las prácticas independientemente de los ingresos de las familias.

No a la mercantilización de la Educación.

La Educación es un derecho de todos y todas. ¡Que no nos la arrebaten para hacer negocio!

Madrid, 8 de febrero de 2024

Comunicado sobre las Instrucciones de organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista y la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado (Área de Educación de Podemos CM)

Comunicado del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid en respuesta a la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones para facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista y las actuaciones relacionadas con la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado

Se trata de una normativa que llega tarde -más de veinte años, 2001-2002, después de la implantación de los centros preferentes de alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA)- y, desde luego, mal, porque empeora las condiciones de estos alumnos y alumnas, tras un largo periplo, en el que, como acostumbra esta administración, no se ha evaluado ni regulado el funcionamiento de este proyecto de centros preferentes.

No se ha evaluado para introducir mejoras, en el marco de una educación inclusiva, como persigue toda evaluación educativa que se precie, sobre cualquier plan implementado, ni se han regulado las funciones y tareas de los profesionales que atienden a este alumnado. 

Este proyecto se inicia como se ha señalado, en el curso 2001-2002, con la intención de dar una respuesta educativa acorde a las necesidades de la población con diagnóstico de TGD/TEA, en aquellos casos que requieren de un apoyo educativo intensivo y extenso en el tiempo, para favorecer sus aprendizajes y su  integración social.

Con el paso de los años el número de centros ha ido aumentando significativamente. En la actualidad existen más de 700 centros de esta escolarización preferente y más de 850 aulas de apoyo extenso y especializado, para atender las necesidades de este perfil de alumnado. Han ido funcionando gracias a la voluntad de los y las docentes, sin ninguna regulación normativa concreta, ni sobre su organización, funcionamiento o funciones y tareas concretas de los profesionales.

Ahora con el curso empezado, sin escuchar a los profesionales y a las familias se plantea esta resolución, en un contexto de segregación y de recortes en la Educación Pública, como es habitual por parte del Partido Popular. 

Entre las medidas “más por menos” que señala esta resolución destacamos:

1- Las aulas de apoyo extenso y especializado en estos centros se crearon para atender a un número máximo de 5 alumnos/-as, dotadas de un profesional de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje y un Técnico Superior en Integración Social. Pues bien, con esta normativa se abre la puerta al aumento de la ratio a 7 alumnos por aula, sin que ello conlleve un aumento de estos profesionales. Este incremento supone un 40% más que en la ratio anterior, cuando las condiciones y necesidades de este alumnado requieren medidas extraordinarias, que hacen inviable una atención adecuada e individualizada, que garantice su desarrollo e inclusión plena en el centro escolar y en su entorno social.

2- La nueva normativa establece un tiempo de permanencia en el aula de apoyo extenso y especializado de al menos ⅔ de la jornada escolar, sin tener en cuenta las características y necesidades individuales que este alumnado pueda precisar durante su escolaridad, o en periodos críticos que requieran de una mayor atención. Además, proponen revisiones anuales; por sí este alumnado no se ajusta a este criterio y modificar así su modalidad de escolarización, es decir, derivarlos a Centros de Educación Especial, sin darles tiempo a desarrollar todas sus potencialidades en los centros ordinarios.

3- Además, establece que en el aula de apoyo extenso y especializado no pueda haber más de 5 alumnos a la vez, obviando que los apoyos por parte de PT o AL se pueden proporcionar tanto dentro de este aula como en el aula de referencia, para facilitar y acompañar al alumno en su grupo-clase. ¿Cómo se va a poder tener, al mismo tiempo a los 5 alumnos y poder prestar ese apoyo tan importante en el grupo de referencia? Sin duda, esta normativa la ha elaborado alguien que parece  desconocer u obviar  las necesidades reales de estos alumnos y alumnas.

4- Por otra parte, si los EOEP tienen que hacer valoraciones y revisiones anuales, ven incrementada su carga de trabajo, ya de por sí saturada, lo que hace muy difícil poder llevarlas a cabo por falta de tiempo y de plantilla. Seguimos pues con más por menos; es decir, más trabajo con los mismos profesionales, ya sobresaturados, con ratios imposibles de abarcar.

Asimismo, tememos que lo que esconde esta valoración continuada es empujar al alumnado que no avance según “unos criterios” (criterios que no se ajustan a las características de este alumnado) a un cambio de modalidad. De esta manera se fomenta la segregación y la exclusión favoreciendo su derivación en mayor medida a centros de Educación Especial. De hecho la respuesta que se ha dado en algunos casos a las familias que ven rechazadas las solicitudes de incorporación de sus hijos/-as a estos centros, van en la línea de recomendar la conveniencia de un cambio de modalidad de escolarización en este sentido.

5- La “nueva ocurrencia”, que no es nueva, pero que atenta gravemente contra la Atención Temprana (fundamental para este alumnado, ya que provee de los apoyos y medidas oportunas, desde la primera detección de necesidades) es que “primero tienen que pasar por otros apoyos o medidas específicas de atención educativa previas, que se hubieran aplicado durante un tiempo suficiente”, es decir desde los  apoyos ordinarios. Ello supone retrasar notablemente la aplicación de las medidas de ajuste adecuadas, aun cuando estén ya detectadas en la primera evaluación temprana. No se entiende bien este retraso discriminatorio e injustificado, si no es para ahorrarse recursos personales y materiales.

6- En lo referente a los recursos personales de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje y el de Técnico Especialista en Integración Social, no se definen sus funciones, pero además con la normativa se les considera recursos del centro. Ello implica que podrán ejercer otras funciones (sustituciones, apoyo a alumnado no TEA...), a pesar de tratarse de perfiles de intervención específicamente previstos en estos centros preferentes, para atender al alumnado del aula de apoyo extenso y especializado.

7- La normativa también afecta al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo, que es el que se ocupa de asesorar sobre este perfil de alumnado. Entre sus funciones se destaca la de asesorar de manera sistemática, desde el ámbito de la especialización, al conjunto del profesorado y resto de profesionales destinados en los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de TEA. ¿Cómo pueden llevarlo a cabo cuando sólo hay un equipo para 800 aulas y además se ocupan de otros alumnos y alumnas con alteraciones graves en la comunicación y relación social?

Como hemos señalado, esta nueva normativa ha llegado con el curso ya empezado sin tener en cuenta la opinión de los y las profesionales o la de las familias, de colectivos y asociaciones implicados en la atención respetuosa e inclusiva  de la discapacidad.

Es una nueva arremetida deliberada contra el alumnado más vulnerable, que necesita una respuesta ajustada a sus necesidades y nunca debería ser la víctima, como es el caso, de la política de saqueo a la Educación Pública del Partido Popular. Un Partido Popular empeñado en segregar, excluir y recortar la atención a la diversidad. 

¿Cuántos más destrozos y recortes vamos a tener que seguir soportando los madrileños y madrileñas? 

Revertir esta situación en el futuro, una vez que estos pésimos gestores de lo público ya no estén, va a tener un coste demasiado grande.

6 de noviembre de 2023

Equipo de Trabajo de Inclusión educativa del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid

Atención Temprana en la Comunidad de Madrid: propaganda, situación actual y propuestas (Comunicado del Equipo de Educación Inclusiva del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid. 8 de diciembre de 2022)

 

Atención Temprana en la Comunidad de Madrid: propaganda, situación actual y propuestas

La paupérrima situación en la que se encuentran los niños y las niñas de nuestra Comunidad con retraso, alteración o trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlos, dada  la escasa o inexistente respuesta a sus necesidades transitorias o permanentes, por parte de los actuales gestores de nuestra región, contrasta con la propaganda y autobombo que despliegan, utilizando los medios y canales públicos de difusión, que por cierto sufragamos entre todos los madrileños y madrileñas.

No sorprende a estas alturas este enorme esfuerzo propagandístico, pero nos preocupa la manipulación interesada y la ausencia de datos públicos veraces y completos, en cualquier información que la administración de nuestra región ofrece a la ciudadanía madrileña. Ello no impide que, desde la sociedad civil organizada, las familias a través de plataformas como PATDI (Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia), CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y los mismos profesionales directamente implicados en la Atención Temprana (AT), desde los ámbitos de salud, servicios sociales o educación, promuevan que se conozca una  realidad que muestra una imagen bien diferente de la que ofrece esta administración.

El panorama deja entrever las debilidades de un sistema sanitario, educativo y social cada vez más precario y  endeble, no solo por la escasez de recursos personales sino también por la ausencia de un plan de atención global para la infancia con necesidades terapéuticas, además de importantes déficits de coordinación entre servicios.

Estas circunstancias no se deben al azar, sino que responden a una intención   deliberada de desarme y privatización de los servicios públicos, con la consiguiente  inoperancia en la gestión de dichos  servicios. Las consecuencias son demoledoras para las familias: demora en la detección temprana de retraso, alteraciones o trastornos en el desarrollo de los niños y niñas y demora injustificable en el apoyo e intervención posterior,  que en muchos casos puede prolongarse más de un año o dos.

Hace algunos años el Partido Popular decidió centralizar en el CRECOVI  (Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil) la determinación de la necesidad de atención temprana o el reconocimiento del grado de discapacidad, funciones que desempeñaban anteriormente los centros base sectorizados, lo que contribuyó a retrasar el momento de valoración y el comienzo de las intervenciones de atención temprana. Actualmente también se encargan del reconocimiento de la situación de dependencia de los y las menores de 0 a 3 años.

Hay que destacar que la evolución de los niños con alteraciones en el desarrollo depende en gran medida de su detección temprana y del momento en el que se inicia la intervención. Cuanto menor sea este tiempo más se puede aprovechar la plasticidad del cerebro en las edades más tempranas y potencialmente mejor será su evolución y menor el desfase.

La lógica preocupación de muchas familias por la desatención en la que se encontraban sus hijos e hijas ha llevado en muchos casos a tener que costear la intervención de profesionales fuera de la red pública de apoyo, con un impacto muy relevante en los presupuestos familiares. Las diferentes crisis económicas hicieron que este coste supusiera un importante estrés en las economías de los hogares, llegando incluso a suspender o no iniciar dichos apoyos, especialmente en contextos de vulnerabilidad socioeconómica.

Para quienes desconozcan la intervención en Atención Temprana, hay que decir que los distintos tratamientos que se realizan tienen que ver habitualmente con estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia o psicoterapia. Pueden ser proporcionados desde el ámbito sanitario si se dispone de dichos servicios, desde algunos centros base y habitualmente por parte de los CAT (Centros de Atención Temprana), centros privados con plazas concertadas. Desde el ámbito educativo contamos con los Equipos de Atención Temprana, servicios públicos dependientes de la Consejería de Educación, que disponen de orientadoras y de otros perfiles profesionales como PT (docentes de Pedagogía Terapéutica) y AL (docentes de Audición y Lenguaje). Mencionamos igualmente a los PTSC (Profesorxs Técnicxs de Servicios a la Comunidad) en los equipos de orientación y a los servicios sociales locales que llevan a cabo una labor de orientación y apoyo familiar encomiables.

La situación de la AT en la Comunidad de Madrid es grave, ya que adolece de escasos recursos para atender a toda la población infantil en riesgo. De los datos recogidos por PATDI del año 2018, más del 7 % del total de población infantil entre 0 a 6 años sería potencial demandante de servicios de AT.  En la actualidad y a fecha de 31 de noviembre de 2022, la media de espera para que el CRECOVI dictamine la necesidad de Atención Temprana es de 3 meses. Hay 1856 niños y niñas en lista de espera para acceder a una plaza de la red pública de Atención Temprana. La Comunidad de Madrid, siendo la región más rica del estado, se sitúa en el nº 13 del ranking de las comunidades autónomas en el porcentaje de niños y niñas menores de 6 años atendidos en la red pública, un 1,7%. Aunque se estima que 37.000 niños y niñas necesitan Atención Temprana, se atiende a menos del 20% de quienes la precisan. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2023 contemplan como mucho Atención Temprana para unos 6900 niños y niñas. 

La falta de recursos personales para dar respuesta a las necesidades de estos niños y niñas, tanto desde los CAT, como desde los centros ordinarios que atienden al alumnado de Educación Infantil, es una situación bien conocida por los profesionales y las familias y revela el desinterés por parte de esta administración, a pesar de que la ausencia de  intervención temprana compromete la calidad de vida  de estos menores.

No es admisible que esta situación se prolongue por más tiempo por lo que proponemos urgentemente y exigimos:

• Universalizar y propugnar la gratuidad de la Atención Temprana y apoyo integral al desarrollo infantil como propone el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

• Realizar un mapeo del tipo de necesidades y cobertura sectorial y territorial, tanto actual como potencial.

• Que se asuma un compromiso presupuestario efectivo para la plena universalización del derecho a la Atención Temprana y la prestación individual garantizada.

• Proveer de más recursos profesionales de detección e intervención en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Atención Temprana, servicio público dependiente de la Consejería de Educación.

• Garantizar la prestación de todos los servicios de Atención Temprana, sin la necesidad de certificación administrativa del grado de discapacidad, asegurando la frecuencia e intensidad de apoyos en función de sus necesidades.

• Utilizar y promover la creación de dispositivos de apoyo intensivo en centros educativos de Educación Infantil, desde el ámbito educativo, no subordinados a un diagnóstico médico, sino a la identificación de necesidades educativas y determinación de apoyos por parte de los servicios públicos de orientación psicopedagógica.

A medio plazo son necesarios:

• La aprobación de una Ley de Universalización de la Atención temprana y Apoyo al Desarrollo Infantil.

• Invertir en recursos profesionales personales que realicen su intervención en contextos naturales como los centros educativos o el domicilio de las familias.

• La creación de  una Red Pública de Servicios Integrales de Atención Temprana y de Apoyo al Desarrollo Infantil.

8 de diciembre de 2022

Equipo de Educación Inclusiva del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid

Comunicado sobre los criterios de determinación de los apoyos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en la Comunidad de Madrid (Podemos Comunidad de Madrid)

 

Desde Podemos Comunidad de Madrid queremos mostrar, nuevamente, nuestra más firme repulsa y preocupación por las políticas de recortes y de saqueo a la Educación Pública llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, aún más sangrantes cuando afectan al alumnado más desfavorecido, el que precisa medidas de apoyo educativo. 

Ante el documento de 19 de septiembre de 2022 remitido por la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Especial sobre los criterios de determinación de los apoyos de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) denunciamos lo siguiente: 

En primer lugar, dicho documento expone que “La Comunidad de Madrid viene incrementando durante los últimos cursos de forma muy importante la dotación de distintos perfiles profesionales destinados a facilitar la detección y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo, muy especialmente la de aquellos que presentan necesidades educativas especiales”. 

Esta afirmación es falsa, dada la progresiva reducción, curso tras curso, de profesionales que atienden a la diversidad: Orientadores/-as, AL, PT, PTSC (Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad)… 

De hecho, la ratio de estos profesionales sigue creciendo, así por ejemplo:

• El profesorado de Audición y Lenguaje, en la mayoría de los casos, comparte dos e incluso tres centros públicos con ratios que sobrepasan ampliamente las establecidas legalmente (Orden de 18 de septiembre de 1990 por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades especiales), llegando a ratios de hasta 40 alumn@s con necesidades de apoyo educativo.

• El profesorado de Pedagogía Terapéutica, de acuerdo con la Orden mencionada, tendría una ratio de entre 9 y 12 alumn@s. La realidad es que actualmente la ratio de este perfil profesional está entre 20 y 25 alumn@s.

• Las recomendaciones de la UNESCO proponen la existencia de, al menos, un Orientador u Orientadora por cada 250 alumn@s. Pues bien, en la Comunidad de Madrid tenemos un@ para más de 1200 alumn@s.

En segundo lugar, con este documento el gobierno de Isabel Díaz Ayuso reduce perfiles profesionales y etapas educativas en las que estos perfiles profesionales tienen campo de acción pedagógica: “El maestro especialista en Audición y Lenguaje centrará su atención en el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, trastorno específico del lenguaje, trastornos generalizados del desarrollo y, en aquellos casos que lo requiera el alumnado con discapacidad motora e intelectual. Para ello se tomará como referencia el grado de funcionalidad en el uso del lenguaje y la comunicación. Priorizará su intervención en la etapa de Educación Infantil y en los primeros cursos de Educación Primaria”. 

De esta manera, menosprecian la labor de los Equipos de Orientación que, a través de los dictámenes de escolarización, determinan las necesidades y recursos que precisa el alumnado con necesidad de apoyo educativo. Además, las funciones y ámbitos de actuación de los maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje no son incompatibles, sino diferentes y complementarios; no excluyentes como el documento sostiene. 

Por otra parte, las necesidades educativas del alumnado con necesidades educativas especiales habitualmente son permanentes, no transitorias, por lo que requieren apoyos a lo largo de toda su escolaridad, no solo en Educación Infantil y los primeros cursos de Primaria, como se propone en esta normativa. La respuesta a las necesidades educativas relacionadas con la adquisición y mantenimiento de la comunicación del lenguaje (oral y/o escrito), habitualmente, se extienden a lo largo de la enseñanza obligatoria del alumnado con necesidades de apoyo educativo, por lo que es imprescindible contemplar el abordaje de esta competencia a lo largo de toda la vida escolar (Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria). De la misma manera, es fundamental  destacar que las necesidades relacionadas con competencias básicas, como son las socioemocionales y los conocimientos técnicos, son necesarias a lo largo de toda la escolaridad, al menos en la etapa obligatoria.

Este documento, dirigido a los centros de Infantil y Primaria, también obvia la atención a la primera etapa de Educación Infantil, donde la Atención Temprana es fundamental.

Asimismo, sigue sin contemplar que para dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado es condición imprescindible reducir la ratio profesor/alumno, tanto en aula ordinaria como la del profesorado que atiende a la diversidad: PT, AL, EOEP (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica).

Resulta intolerable que se sigan recortando recursos personales del alumnado que requiere de unos apoyos especializados que garanticen su Derecho a una Educación de calidad y su inclusión en el sistema educativo con todas las garantías. El DERECHO a una Educación Pública en igualdad de condiciones no se les puede negar y va contra la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y la legislación vigente en Educación. La LOMLOE, en los Artículos 71 y 72, referentes al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, dice:

“1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley.”

“2.  Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.”

Por tanto, las Administraciones Educativas están obligadas a dotar a los centros de los medios personales y materiales necesarios para adecuar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado y en particular al alumnado con necesidades educativas especiales. Sin embargo, la realidad es que en todos los centros públicos hay muchos niños y niñas con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, cuyos recursos asignados por su dictamen de necesidades educativas especiales no son planificados y asignados en función de sus necesidades, sino en función de lo que hay “libre” en ese momento.

Por todo lo expuesto, EXIGIMOS a la administración educativa de la Comunidad de Madrid que deje de recortar la Educación Pública y que ponga los recursos personales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje necesarios para ajustarse a las ratios razonables según normativa, así como que la determinación de los apoyos sea realizada por los Equipos de Orientación, que son los que conocen las necesidades de apoyo del alumnado con necesidades educativas, para garantizar su Derecho a la Educación, así como el de la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. 

27 de septiembre de 2022

Equipo de Educación Inclusiva del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid