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viernes, 9 de diciembre de 2022

Atención Temprana en la Comunidad de Madrid: propaganda, situación actual y propuestas (Comunicado del Equipo de Educación Inclusiva del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid. 8 de diciembre de 2022)

 

Atención Temprana en la Comunidad de Madrid: propaganda, situación actual y propuestas

La paupérrima situación en la que se encuentran los niños y las niñas de nuestra Comunidad con retraso, alteración o trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlos, dada  la escasa o inexistente respuesta a sus necesidades transitorias o permanentes, por parte de los actuales gestores de nuestra región, contrasta con la propaganda y autobombo que despliegan, utilizando los medios y canales públicos de difusión, que por cierto sufragamos entre todos los madrileños y madrileñas.

No sorprende a estas alturas este enorme esfuerzo propagandístico, pero nos preocupa la manipulación interesada y la ausencia de datos públicos veraces y completos, en cualquier información que la administración de nuestra región ofrece a la ciudadanía madrileña. Ello no impide que, desde la sociedad civil organizada, las familias a través de plataformas como PATDI (Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia), CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y los mismos profesionales directamente implicados en la Atención Temprana (AT), desde los ámbitos de salud, servicios sociales o educación, promuevan que se conozca una  realidad que muestra una imagen bien diferente de la que ofrece esta administración.

El panorama deja entrever las debilidades de un sistema sanitario, educativo y social cada vez más precario y  endeble, no solo por la escasez de recursos personales sino también por la ausencia de un plan de atención global para la infancia con necesidades terapéuticas, además de importantes déficits de coordinación entre servicios.

Estas circunstancias no se deben al azar, sino que responden a una intención   deliberada de desarme y privatización de los servicios públicos, con la consiguiente  inoperancia en la gestión de dichos  servicios. Las consecuencias son demoledoras para las familias: demora en la detección temprana de retraso, alteraciones o trastornos en el desarrollo de los niños y niñas y demora injustificable en el apoyo e intervención posterior,  que en muchos casos puede prolongarse más de un año o dos.

Hace algunos años el Partido Popular decidió centralizar en el CRECOVI  (Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil) la determinación de la necesidad de atención temprana o el reconocimiento del grado de discapacidad, funciones que desempeñaban anteriormente los centros base sectorizados, lo que contribuyó a retrasar el momento de valoración y el comienzo de las intervenciones de atención temprana. Actualmente también se encargan del reconocimiento de la situación de dependencia de los y las menores de 0 a 3 años.

Hay que destacar que la evolución de los niños con alteraciones en el desarrollo depende en gran medida de su detección temprana y del momento en el que se inicia la intervención. Cuanto menor sea este tiempo más se puede aprovechar la plasticidad del cerebro en las edades más tempranas y potencialmente mejor será su evolución y menor el desfase.

La lógica preocupación de muchas familias por la desatención en la que se encontraban sus hijos e hijas ha llevado en muchos casos a tener que costear la intervención de profesionales fuera de la red pública de apoyo, con un impacto muy relevante en los presupuestos familiares. Las diferentes crisis económicas hicieron que este coste supusiera un importante estrés en las economías de los hogares, llegando incluso a suspender o no iniciar dichos apoyos, especialmente en contextos de vulnerabilidad socioeconómica.

Para quienes desconozcan la intervención en Atención Temprana, hay que decir que los distintos tratamientos que se realizan tienen que ver habitualmente con estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia o psicoterapia. Pueden ser proporcionados desde el ámbito sanitario si se dispone de dichos servicios, desde algunos centros base y habitualmente por parte de los CAT (Centros de Atención Temprana), centros privados con plazas concertadas. Desde el ámbito educativo contamos con los Equipos de Atención Temprana, servicios públicos dependientes de la Consejería de Educación, que disponen de orientadoras y de otros perfiles profesionales como PT (docentes de Pedagogía Terapéutica) y AL (docentes de Audición y Lenguaje). Mencionamos igualmente a los PTSC (Profesorxs Técnicxs de Servicios a la Comunidad) en los equipos de orientación y a los servicios sociales locales que llevan a cabo una labor de orientación y apoyo familiar encomiables.

La situación de la AT en la Comunidad de Madrid es grave, ya que adolece de escasos recursos para atender a toda la población infantil en riesgo. De los datos recogidos por PATDI del año 2018, más del 7 % del total de población infantil entre 0 a 6 años sería potencial demandante de servicios de AT.  En la actualidad y a fecha de 31 de noviembre de 2022, la media de espera para que el CRECOVI dictamine la necesidad de Atención Temprana es de 3 meses. Hay 1856 niños y niñas en lista de espera para acceder a una plaza de la red pública de Atención Temprana. La Comunidad de Madrid, siendo la región más rica del estado, se sitúa en el nº 13 del ranking de las comunidades autónomas en el porcentaje de niños y niñas menores de 6 años atendidos en la red pública, un 1,7%. Aunque se estima que 37.000 niños y niñas necesitan Atención Temprana, se atiende a menos del 20% de quienes la precisan. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2023 contemplan como mucho Atención Temprana para unos 6900 niños y niñas. 

La falta de recursos personales para dar respuesta a las necesidades de estos niños y niñas, tanto desde los CAT, como desde los centros ordinarios que atienden al alumnado de Educación Infantil, es una situación bien conocida por los profesionales y las familias y revela el desinterés por parte de esta administración, a pesar de que la ausencia de  intervención temprana compromete la calidad de vida  de estos menores.

No es admisible que esta situación se prolongue por más tiempo por lo que proponemos urgentemente y exigimos:

  • Universalizar y propugnar la gratuidad de la Atención Temprana y apoyo integral al desarrollo infantil como propone el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

  • Realizar un mapeo del tipo de necesidades y cobertura sectorial y territorial, tanto actual como potencial.

  • Que se asuma un compromiso presupuestario efectivo para la plena universalización del derecho a la Atención Temprana y la prestación individual garantizada.

  • Proveer de más recursos profesionales de detección e intervención en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Atención Temprana, servicio público dependiente de la Consejería de Educación.

  • Garantizar la prestación de todos los servicios de Atención Temprana, sin la necesidad de certificación administrativa del grado de discapacidad, asegurando la frecuencia e intensidad de apoyos en función de sus necesidades.

  • Utilizar y promover la creación de dispositivos de apoyo intensivo en centros educativos de Educación Infantil, desde el ámbito educativo, no subordinados a un diagnóstico médico, sino a la identificación de necesidades educativas y determinación de apoyos por parte de los servicios públicos de orientación psicopedagógica.

A medio plazo son necesarios:

  • La aprobación de una Ley de Universalización de la Atención temprana y Apoyo al Desarrollo Infantil.

  • Invertir en recursos profesionales personales que realicen su intervención en contextos naturales como los centros educativos o el domicilio de las familias.

  • La creación de  una Red Pública de Servicios Integrales de Atención Temprana y de Apoyo al Desarrollo Infantil.


8 de diciembre de 2022

Equipo de Educación Inclusiva del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid


miércoles, 31 de agosto de 2022

Comunicado sobre el inicio de curso 2022/23 de la Formación Profesional reglada en la Comunidad de Madrid (Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid)

 

Otro año más, en el inicio de curso 2022-23, el gobierno de la Comunidad de Madrid repite la misma política nefasta agravando la situación de la Formación Profesional (FP) reglada a través del proceso de matrícula de los Ciclos medios y superiores de FP.

Desde Podemos Comunidad de Madrid denunciamos:

1. Los obstáculos que pone el gobierno de la Comunidad de Madrid para el estudio de los Ciclos de Grado Superior al exigir al alumnado una matrícula de 400€.

2. La insuficiencia de oferta de plazas de FP en los centros públicos que año tras año se repite. Como en cursos anteriores, hasta un 50% de la demanda de plazas quedará insatisfecha en la mayoría de las familias profesionales en primera opción. En vez de fomentar estos estudios, los trata de privatizar en centros privados concertados y concediendo becas solo para aquellos alumnos que se matriculan en centros privados.

3. La terrible situación provocada por la pandemia de la Covid-19 no ha servido para mejorar las condiciones de salud y seguridad, al contrario, se pretende volver a una normalidad mermada de recursos. Ante la necesidad de mejora, se anteponen los recortes en la FP pública y la privatización, normalmente a costa del estudiante y las familias.

4. Las operaciones de marketing en torno a la FP dual y bilingüe, a la espera de que sean capaces de aplicar la nueva normativa de FP en la comunidad, sin que sepamos la evaluación, si es que ha existido, de las experiencias llevadas a cabo hasta el momento. Por otro lado sería de interés saber si hay un plan para la FP y cómo se relaciona con los desarrollos llevados a cabo por el Ministerio para todo el territorio nacional.

5. La deriva autoritaria, propia de organizaciones temerosas con la democracia, hurtando información a los interesados y a los agentes sociales para gestionar la escasez provocada por su política contra lo público.

Por todo ello, proponemos:

1. Suprimir la tasa de 400€ para el estudio de los Ciclos de Grado Superior.

2. Incrementar en septiembre la oferta de plazas de FP en los centros públicos ajustándola a la demanda de los alumnos y del sistema productivo, incrementando el número de profesores, personal de limpieza y de control necesarios para doblar los grupos y no poner en riesgo la salud de los alumnos, familias y trabajadores públicos.

3. Aumentar urgentemente los medios materiales (renovación de maquinaria en las aulas taller, actualización de programas informáticos, mobiliario adecuado a las necesidades de las nuevas generaciones, ya que en alguna aulas las sillas y mesas no son adecuadas para la salud laboral de los alumnos).

4. Implantar en los centros públicos las nuevas especialidades demandadas por la sociedad y el sector productivo.

Todos estos problemas no son nuevos se repiten año tras año con las Administraciones del PP, que ha apostado por degradar la enseñanza pública en favor de la enseñanza concertada y privada. Con una mínima inversión en los centros públicos estos podrían aumentar su oferta en más de un 50% , ya que la mayor parte de las aulas taller solo funciona en turno de mañana, necesitando solamente para su puesta en funcionamiento en doble turno la contratación de profesoras/os.

Desde Podemos Comunidad de Madrid denunciamos que no es de recibo dejar sin formación a miles y miles de alumnas/os madrileñas/os, con un paro en los menores de 35 años cercano al 30%.

1 de septiembre de 2022

Grupo de Formación Profesional del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid

sábado, 30 de julio de 2022

Unidas Podemos denuncia un déficit de plazas de FP de Grado Medio y propone un plan de choque (29-7-2022)

 

Unidas Podemos denuncia un déficit de plazas de FP de Grado Medio 

y propone un plan de choque

  El diputado Agustín Moreno ha registrado una petición de comparecencia urgente del consejero de Educación para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional


MADRID. 29 de julio de 2022 

El diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno ha registrado una petición de comparecencia urgente del consejero de Educación en el pleno de la Asamblea de Madrid para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional. La formación morada insiste en que cada año miles de alumnos se quedan sin plaza en los ciclos de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid. Los datos del curso pasado revelan que 29.311 alumnos se quedaron sin plaza. 

Este comienzo de curso todavía no se puede precisar por la falta de transparencia de la consejería de Educación que obliga a ver centro a centro y ciclo a ciclo el número de admitidos y de no admitidos. Además, aún no se conocen los datos de matriculación en los Ciclo de Grado Superior de FP y los de FP a distancia que saldrán en septiembre. En todo caso, Agustín Moreno indica que el compromiso no demostrado del gobierno Ayuso de crear 10.000 plazas queda muy lejos de las 30.000 plazas no atendidas del curso pasado. 

La razón de esta situación, tal y como afirma Moreno, hay que encontrarla en una estrategia deliberada del gobierno de la Comunidad de Madrid que impulsa un proceso de privatización de la FP que ha hecho que en una década haya crecido el porcentaje de alumnado escolarizado en la privada en un 14%. Hay tres mecanismos para ello: 1) mantener un déficit estructural en la oferta de plazas públicas; 2) no ofertar en los centros públicos muchos ciclos de gran demanda y mayor empleabilidad que se reservan para la oferta privada; 3) ampliar la política de cheques escolares para derivar alumnado a los centros privados; en concreto, este año se pretende que haya 12.915 alumnos en ciclos privados de FP de Grado Superior y de Grado Medio.

Unidas Podemos denuncia que es disparatado que se deje sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes, en una comunidad que tiene una alta tasa de paro juvenil y de precariedad laboral. No es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo.

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid exige, una vez más, al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional y prepare un Plan de Choque que incremente la oferta pública y permita atender en septiembre la demanda insatisfecha. En concreto, propone:

1. Garantizar la gratuidad de las matrículas de Formación Profesional de Grado Superior, eliminando la actual tasa de 400 € que no se cobra en la gran mayoría de las CCAA.

2. Apostar por la construcción urgente de nuevos centros públicos de Formación Profesional, para atender la demanda existente de plazas de Formación Profesional.

3. Invertir de forma integral para la creación de plazas en la Formación Profesional pública la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid de los 103,9 millones de euros que el gobierno central distribuirá para la creación de 55.408 plazas públicas de Formación Profesional en todo el Estado. Los Fondos Europeos para la Recuperación y Resiliencia deben ser una oportunidad para fortalecer seriamente la Formación Profesional, abandonando la propaganda en torno a la FP dual y bilingüe, programas que siguen sin evaluarse.

4. Aumentar el profesorado público de Formación Profesional para permitir el uso de los centros de Formación Profesional en horario de tarde, aumentando la oferta de plazas.

5. Apostar por aumentar el porcentaje de plazas de Formación Profesional públicas en la Comunidad de Madrid para alcanzar la media del Estado del 70%.

viernes, 29 de julio de 2022

El gobierno de la Comunidad de Madrid persevera en el deterioro de los servicios educativos públicos de orientación educativa (Comunicado del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid)

 

La nueva circular de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Especial relativa al funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Madrid para el curso 2022/23 viene a abundar en el deterioro de los servicios educativos públicos de orientación y da continuidad a los cambios notables surgidos de la circular del curso pasado.

En primer lugar no se hace ninguna evaluación del enorme impacto negativo que ha tenido la circular de funcionamiento de este curso 2021-22. Esto ya no sorprende a nadie, puesto que estos gestores del Gobierno de la Comunidad de Madrid no tienen nunca intención de evaluar ninguna modificación sustancial en la Educación Pública; véase la situación de la atención a la diversidad, el bilingüismo, la zona única de escolarización, la construcción de centros por fases, ahora las “becas”, en realidad cheques escolares para las familias con rentas altas que escolarizan a sus hijas e hijos en centros privados… En fin, la segregación, la descapitalización y el desmantelamiento de la Educación Pública.

Respecto a la intervención de los EOEP, nuevamente entra en colisión con normativas de orden superior no derogadas como la Resolución del 28 de julio de 2005 y la Resolución del 17 de julio de 2006, impidiendo de hecho que se realicen algunas de las funciones que tienen encomendadas los equipos, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo en el sector[1] y el de coordinación interna, elementos clave que dan sentido a la tarea de estos servicios de apoyo a la escuela.

Resaltamos el carácter sociocomunitario de su intervención en el ámbito educativo, pero también respecto al ámbito social o de salud.

Respecto al sector se ven limitadas o imposibilitadas las coordinaciones con los servicios de salud primaria y especializada, como la salud mental. Hay que tener en cuenta la implicación directa y recíproca del bienestar personal y familiar en los procesos de aprendizaje desarrollados en los centros educativos. No es posible una visión integral y global del alumnado sin considerar la influencia que tiene el contexto familiar y social en el funcionamiento y desarrollo de alumnos y alumnas, y sin una acción conjunta entre servicios.

En este sentido la colaboración con servicios sociales y otras instituciones de carácter socio comunitario del sector se ve muy restringida, no siendo posible la continuidad en la coordinación y seguimientos, o inexistente en muchos casos, por la sobresaturación de los servicios.

La muy escasa presencia de los profesionales PTSC (Profesor/a Técnico/a de Servicios a la Comunidad) y Trabajo Social en los equipos -en muchos casos las plantillas no han aumentado en estos perfiles en más de tres décadas-, esenciales en este trabajo de zona, genera gran estrés y frustración, al tener que abandonar a su suerte gran parte de la atención que podría llevarse a cabo en relación con alumnos y alumnas de muchos centros. Hablamos precisamente de población especialmente vulnerable, en el contexto de una pandemia y tras sucesivas crisis socioeconómicas como la que estamos padeciendo ahora.

En cuanto al trabajo interno, al haberse reducido a una mañana semanal en la sede de los equipos, resulta muy difícil disponer de tiempo suficiente para colegiar decisiones respecto a alumnado concreto. Hemos de recordar que los equipos no son una suma de profesionales agregados e independientes y que las decisiones que se toman respecto a la evaluación y diagnóstico de necesidades educativas, comprometen los apoyos que un alumno o alumna va a recibir y el debate y consenso, permiten objetivar y adaptar mejor las orientaciones a las familias y a los centros.

Como recurso externo de sector, la restricción de tiempos dificulta igualmente el trabajo en comisiones tanto para la gestión interna (elaboración de planes y memorias, documentación, gestión de biblioteca, actualización de archivos y expedientes, acogida y asesoramiento de nuevos profesionales, gestión de compras y de pruebas psicopedagógicas, recursos materiales y tecnológicos, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, etc.), como para el debate más técnico.

Los equipos son buenos conocedores de la realidad de los centros del sector que atienden. Restringir los tiempos de coordinación implica dificultar o imposibilitar, como ha ocurrido este año, que se puedan elaborar orientaciones y materiales para trasladarlos a los centros, tal como se hizo durante la pandemia y el curso de reinicio (elaboración de planes de refuerzo, instrumentos de detección de dificultades emocionales, plan de acción tutorial, etc.). Este curso, por ejemplo, no se ha dispuesto de tiempo para abordar la nueva Ley de Educación y los decretos del nuevo currículo, aspectos sobre los que los equipos tendrán que asesorar el próximo curso.

Las tareas burocráticas se han multiplicado sin cesar en los últimos años, lo que ha sobrecargado aún más la labor de los equipos. Esto no es casual. Se tiene la impresión de que cualquier coordinación y proceso deliberativo colectivo compartido de decisiones no es del agrado de estos gestores, que prefieren no escuchar, ejercer el control a través de la burocratización de decisiones, ejecutar acciones a veces contradictorias y arbitrarias, teniendo que desdecirse, como ha ocurrido con el desarrollo del Programa de cooperación Territorial de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del Alumnado Educativamente Vulnerable, dotado con fondos europeos, que se impuso a los equipos y los centros cuando ya habían elaborado su programación anual y que ésta administración está utilizando para financiar gastos ordinarios.

Creemos finalmente que un nuevo modelo de “desorientación” educativa se está fraguando, como se puede constatar a partir de las dos circulares de funcionamiento de equipos del curso pasado y para el próximo 2022-23. La modificación de las condiciones laborales respecto a itinerancia, horario y aspectos organizativos así lo atestiguan.

El debate público sobre este asunto, como en otros, es CERO.

Por todo ello y conociendo muy bien el devenir de la política educativa de esta administración no esperamos ningún cambio, salvo el de los actuales gestores. Sin embargo, planteamos y EXIGIMOS:
  • Aumentar el número de profesionales PTSC y de apoyo a la diversidad en los equipos de orientación.
  • Mantener el horario de trabajo de sector y trabajo interno como señalan las resoluciones aludidas, aún vigentes.
  • Reconocer el horario del desplazamiento desde las sedes a los centros, entidades e instituciones.
  • Abrir un debate clarificador sobre los modelos y sistemas de orientación, con la participación de equipos, centros y familias.
Con estas circulares se modifica sustancialmente el ejercicio de las funciones de los EOEP, repercutiendo negativamente en la calidad de la orientación socioeducativa pública, calidad que las familias y la comunidad educativa madrileñas merecen.

27 de julio de 2022

Grupo de Trabajo de Orientación Educativa e Inclusión

Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid



[1] El término sector hace referencia no solo a la zona geográfica de localidades que atiende cada equipo de orientación, sino también al ámbito de funciones reflejadas en la normativa, que van más allá de la intervención en los centros, como la coordinación con servicios sociales y educativos, de salud primaria o especializados o  la participación en otros espacios de coordinación en corporaciones locales, como las mesas de absentismo, entre otras.

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martes, 24 de mayo de 2022

Proposición No de Ley sobre Formación Profesional registrada por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid (23-5-2022)

PNL (Proposición No de Ley) registrada el 23 de mayo de 2022 por nuestro Grupo Parlamentario de Unidas Podemos sobre Formación Profesional para construir nuevos centros públicos de FP, crear plazas públicas, aumentar el profesorado público y suprimir los 400 € de tasas en los ciclos de FP de Grado Superior.





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viernes, 20 de mayo de 2022

Unidas Podemos lleva a Pleno la creación de plazas públicas suficientes de FP y la supresión de las tasas de 400 € de los Ciclos de Grado Superior (Nota de Prensa)

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid presentará el 23 de mayo una PNL sobre Formación Profesional con vocación de unidad con el resto de grupos de la izquierda. La propuesta, que se debatirá en el Pleno de la Asamblea del 23 de junio, propone medidas urgentes para evitar la situación que se produjo en el periodo de matriculación del curso 2021-2022, cuando se quedaron sin una plaza pública 29.336 personas. Ello obligó a estos alumnos, cuyas solicitudes fueron rechazadas, a ir centros privados y concertados o a quedarse en su casa por no poder pagar tasas de hasta 7.000 a 10.000 euros.

Unidas Podemos ha propuesto:

1. Garantizar la gratuidad de las matrículas de Formación Profesional de Grado Superior, eliminando la actual tasa de 400€.

2. Apostar por la construcción urgente de nuevos centros públicos de Formación Profesional, para atender la demanda existente de plazas de Formación Profesional.

3. Invertir de forma integral para la creación de plazas en la Formación Profesional pública la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid de los 103,9 millones de euros que el gobierno central distribuirá para la creación de 55.408 plazas públicas de Formación Profesional en todo el Estado.

4. Aumentar el profesorado público de Formación Profesional para permitir el uso de los centros de Formación Profesional en horario de tarde, aumentando la oferta de plazas.

5. Apostar por aumentar el porcentaje de plazas de Formación Profesional públicas en la Comunidad de Madrid para alcanzar la media del Estado del 70%.

El portavoz de Educación de UP y autor de la iniciativa, Agustín Moreno, ha manifestado que “una comunidad rica como Madrid, que tiene un 35% de tasa de paro juvenil y una alta precariedad laboral, no puede cometer el disparate de dejar sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes”. Y añade que “el desastre que sucede todos los años con la FP en Madrid pone de manifiesto que con Ayuso no estudia quien quiere sino quien puede”.

En las últimas semanas el Gobierno del PP ha aprobado regalar 9,1 millones para formación profesional de grado medio y 30,5 millones para formación profesional de grado superior. Estas propuestas presupuestarias en menos de un mes han sido publicadas en el BOCM entre el 24 de marzo y el 19 de abril de 2022.

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domingo, 9 de enero de 2022

Es imprescindible una vuelta presencial a las aulas el 10 de enero, pero Ayuso tiene que tomar medidas para garantizar la seguridad en los centros educativos (Podemos CM. 9-1-2022)

 

Podemos Comunidad de Madrid consideramos imprescindible una vuelta presencial a las aulas  el 10 de enero, pero Ayuso y su gobierno tienen que tomar medidas para garantizar la seguridad en los centros educativos

En la Comunidad de Madrid, la más rica de España, hay recursos para que Ayuso y su gobierno hubieran tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los centros educativos desde principio de curso, como ya pedíamos tanto Podemos Comunidad de Madrid como toda la Comunidad educativa. Era cuestión de responsabilidad y de voluntad política. Esperamos que, ya que Ayuso no lo hizo en su momento, lo haga ahora, en los momentos con más incidencia de contagios que vivimos con la sexta ola.

Reiteramos las medidas esenciales para garantizar la vuelta segura a las aulas: hacer test de antígenos; aumentar la distancia interpersonal a 1,5 m; contratar más docentes y otros profesionales educativos para poder cubrir las bajas médicas, hacer desdobles y bajar ratios; incrementar las plantillas del personal de limpieza; dotar a los centros de mascarillas para trabajadoras y trabajadores y para el alumnado, así como de gel hidroalcohólico y de medidores de la calidad del aire; acelerar la vacunación infantil y de la tercera dosis a los trabajadores y trabajadoras; contratar enfermeras escolares en todos los centros. También hay que recuperar la cuarentena en los grupos escolares con 3 casos como máximo, siendo irresponsable el anuncio del Consejero de Educación de Madrid de que no habrá cuarentenas en los centros educativos para menores de 12 años, alumnos que no disponen de la pauta completa de vacunación. 

Asimismo, pedimos a Ayuso que deje de improvisar y de utilizar también la salud de la población madrileña para hacer oposición al gobierno estatal. Insistimos en la necesidad de protocolos claros y de medidas estables que el gobierno de la Comunidad de Madrid debería haber adoptado tras casi dos años de pandemia: bajada de ratio en todas las etapas; construcción de infraestructuras educativas públicas, contratación de más docentes y de personal educativo; dotación de recursos al profesorado y al alumnado para el seguimiento de clases telemáticas en caso de cuarentena, confinamiento o necesidad de cambio de escenario; así como bajas laborales o permisos retribuidos para el cuidado de hijas e hijos en cuarentena o contagiados si las madres o padres no tienen posibilidad de teletrabajo;

Es intolerable que Ayuso y su consejero de Educación, Ossorio, no se hayan reunido con las familias, con las organizaciones sindicales, con los partidos políticos, con el alumnado, con la Marea Verde... para hacer frente a esta situación de emergencia sanitaria y educativa en la que nos encontramos las madrileñas y madrileños.

Exigimos que Ayuso tome medidas y que no deje, una vez más, en manos de los equipos directivos y docentes, del personal educativo, del Personal de Administración y Servicios, de las familias y del alumnado la responsabilidad de la seguridad en las aulas.

 

9 de enero de 2022

Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid

viernes, 6 de agosto de 2021

Unidas Podemos denuncia que 17.976 alumn@s se quedan sin plaza en los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (NdP del GP de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. 6-8-2021)

UNIDAS PODEMOS DENUNCIA QUE 

17.976 ALUMNOS SE QUEDAN SIN PLAZA 

EN LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del consejero de Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP.

Los últimos datos de alumnado no admitido en el proceso de matriculación de ciclos de Grado Superior de Formación Profesional (FP) son demoledores. Según la información recogida por CCOO en el 88,9% de los centros, 17.976 alumnos y alumnas se quedan sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior y están obligados a buscarse la vida en centros privados y concertados o a quedarse en su casa. Tan solo han sido admitidos 14.976 alumnos, es decir, el 46%. Estos datos hay que acompañarlos de tres comentarios. Por un lado, si se compara con la cifra de otros años, demuestran el carácter estructural del déficit de plazas públicas en FP, que se sitúa de nuevo en el orden de las 20.000 solicitudes rechazadas. Por otro, la dificultad para obtener esta información, dada la poca transparencia de la Consejería, que obliga a obtener centro a centro y grado a grado la demanda concreta que se queda sin atender. Por último, llama la atención que las familias sanitarias son las que tienen más déficit de plazas, entre un 70% y 90% de rechazo, lo que demuestra una falta de previsión absoluta de la demanda real.


estas cifras escandalosas, hay que sumar las 6.938 personas que se han quedado sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio, lo que totaliza 24.914 solicitudes rechazadas para cursar ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Estamos ante un grave problema educativo, como demuestra el déficit estructural de plazas, la falta de planificación y la crisis en el proceso de admisión que hace que sean rechazadas el 54% de las solicitudes de Grado Superior, y el 25% de las de Grado Medio. Es una crisis social, ya que afecta a la equidad y a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo. Por último, refuerza la debilidad del mercado de trabajo, al negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes que, sin ella, se ven abocados al paro, la precariedad y los bajos salarios.

Esta situación tiene que ver con la bajísima inversión educativa y con el proceso de privatización galopante que vienen realizando los gobiernos del PP. La inversión educativa es la más baja del país (un 2,2% del PIB regional, frente al 4,2% de media en España), a pesar de ser la comunidad autónoma más rica. En cuanto a la privatización, se observa en la evolución de la formación profesional en Madrid en los siguientes datos: en la década que va del curso 2010-11 acurso 2019-20, la formación profesional de Grado Superior ha pasado de suponer un 72,8% al 56,5%; es decir, se ha reducido en un 16,3% en beneficio de los ciclos de Grado Superior privados. En número concretos, el alumnado de la pública ha pasado de 24.889 a 30.549; mientras que el alumnado de la privada ha pasado de 3.716 a 21.885. En los ciclos de Grado Medio, la evolución ha sido similar: en esa misma década el sector público ha pasado de suponer el 72,8% al 55,9%, es decir, se ha reducido en un 16,9%. Para activar esta brutal privatización, se combina el déficit estructural de plazas públicas con la política de becas para estudiar en los centros privados. Así, en la orden 1485/2021, de 22 de mayo de la Consejería de Educación, se destinan 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las secretarias de los centros privados.


En este contexto, solo cabe hablar de duro golpe a la educación madrileña por los Gobiernos del PP. Por ello, impresiona que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hable de desastre en la educación madrileña (y en la Atención Primaria), cuando ella es la principal responsable de la educación al tener trasferida toda la capacidad de actuación, y cuando su partido lleva gobernando 26 años consecutivos. El déficit estructural de plazas pone de manifiesto que, más allá de la propaganda(la FP dual solo supone el 5%), al gobierno de Madrid le importa muy poco la Formación Profesional, ya que no se planifica algo que es fundamental: la oferta educativa en base al grado de inserción laboral de los ciclos. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la Comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros.

 

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del Consejero de Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. El Gobierno central ha transferido 23 millones de euros a Madrid para FP y hay que asegurar su carácter finalista que no sean desviados a la privatización y a otros capítulosUnidas Podemos pide, también, que se negocie un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente se atienda en septiembre la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar una política de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado yno del negocio de los centros de FP privados, que aumente la dotación de medios humanos y técnicos, que refuerce de los departamentos de orientación profesionalque implante nuevos títulos profesionales y que garantice la gratuidad de las matrículas.

 

Madrid, 6 de agosto de 2021


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sábado, 12 de mayo de 2018

Ley para la Equidad y Educación Inclusiva




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Aprobada la tramitación de nuestra Ley de Equidad y Educación Inclusiva (Pleno del 10-5-2018)

En el #PlenoAsamblea del 10 de mayo de 2018 fue aprobada la tramitación de nuestra Ley de Equidad y educación inclusiva. Tenemos la seguridad de que la inclusión es ya condición indispensable para seguir avanzando en la transformación de la educación madrileña.





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