Cuando se publicó la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones para facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista y las actuaciones relacionadas con la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado ya advertíamos en nuestro Comunicado de 6 de noviembre de 2023 de que lo que esconde esta valoración continuada es empujar al alumnado que no avance según “unos criterios” (criterios que no se ajustan a las características de este alumnado) a un cambio de modalidad. Esto significa que el alumnado con necesidades de apoyo más intensivo será derivado a la modalidad de Educación Especial, o bien desde el inicio de su escolarización, o bien cambiándoles de modalidad en cualquier momento.
De esta manera se fomenta la segregación y la exclusión favoreciendo su derivación en mayor medida a centros de Educación Especial. De hecho la respuesta que se ha dado en algunos casos a las familias que ven rechazadas las solicitudes de incorporación de sus hijos/-as a estos centros, van en la línea de recomendar la conveniencia de un cambio de modalidad de escolarización en este sentido.
Ya es una realidad: Ayuso y su gobierno, desconociendo u obviando las necesidades reales de estos alumnos y alumnas con Trastorno del Espectro Autista les dejan fuera de la escolarización de los centros ordinarios y les derivan a la modalidad educativa de Educación Especial, sin darles tiempo a desarrollar todas sus potencialidades en los centros ordinarios, con la excusa de que puedan tener los apoyos y recursos que deberían tener en sus centros educativos.
Era de prever, como ya se advertía desde los equipos de orientación y evaluación psicopedagógica públicos, al constatar el rechazo de la mayoría de sus propuestas de apoyo intensivo en centro ordinario, por parte de la comisión interterritorial, sin criterios claros y conocidos para ello.
Sin anticipación ni previsión, como acostumbra esta Consejería, nos encontramos de golpe con la necesidad de encajar la escolarización de este alumnado, con lo que lo que supone de quebranto para las familias, en centros de educación especial, alejados de su entorno cercano.
Ya han comunicado a las familias de casi 80 alumnos y alumnas el traslado forzoso de sus hijas e hijos al CEIP Perú, un centro de escolarización ordinaria, donde la Consejería de Educación pone en práctica su Ley Maestra, al crear aulas de Educación Especial en centros ordinarios.
Esto supone un maltrato al alumnado con TEA porque
se trata de un centro público:
· Con aulas
separadas de Educación Especial.
· Alejado
de sus domicilios, lo que implica en la mayoría de los casos un desplazamiento
de muchos kilómetros.
· Que va a tener que soportar a diario y durante mucho tiempo el ruido de la tuneladora y la contaminación de las obras para la ampliación de la L11 de metro, condiciones intolerables para su alumnado actual y aún más, dadas sus características, para el alumnado al que van a desplazar a sus instalaciones.
· Que las familias rechazan porque lo que solicitan es un centro público inclusivo, y cercano a su domicilio, con los apoyos y recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades que sus hijos e hijas precisan.
Es una nueva arremetida deliberada contra el alumnado más vulnerable, que necesita una respuesta ajustada a sus necesidades y nunca debería ser la víctima, como es el caso, de la política de saqueo a la Educación Pública del Partido Popular. Un Partido Popular empeñado en segregar, excluir y recortar la atención a la diversidad.
Por estas razones, tenemos clara la doble intencionalidad de Ayuso.
Por un lado, crea la necesidad de construir más centros de Educación Especial, insistiendo en su afán segregador y de dar negocio a empresas privadas.
Y, por otro, continúa con su objetivo de desmantelar
la Educación Pública al seguir deteriorando las condiciones del CEIP Perú:
· A pesar
de ser el único centro público de la zona con posibilidades de crecer, ya no va
a poder cubrir la numerosa demanda de nuevas plazas en el Primer Ciclo de
Educación Infantil para el próximo curso.
· Además incrementa la ocupación de instalaciones, como el gimnasio, que se destinará al centro de Educación Especial, y el patio del Segundo Ciclo de Educación Infantil, espacios que se añaden a los que el actual alumnado lleva años sin poder utilizar.
El modelo educativo de Podemos es inclusivo: todo el alumnado tiene derecho a una plaza en un centro educativo público cercano a su domicilio y dotado de los profesionales necesarios (un Orientador/-a por cada 250 alumnos, docentes de Pedagogía Terapéutica -PT-, de Audición y Lenguaje -AL- , Técnicos Superiores en Integración Social -TIS-, Profesionales de Servicios a la Comunidad-PSC-) y de los recursos materiales adecuados para garantizar su éxito educativo.
Nos merecemos una administración educativa que empatice con las necesidades de su alumnado y no adopte decisiones arbitrarias, sin anticipación, sin debate ni participación con los docentes, servicios de orientación públicos y las familias.
La Educación, si no es inclusiva, sólo es un instrumento de segregación y clasificación social, en contra de una sociedad cohesionada, solidaria, activa y participativa por la que apostamos.
¿Cuántos más destrozos y recortes vamos a tener que seguir soportando los madrileños y madrileñas en la Educación Pública?
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