Comunicado del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid en respuesta a la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones para facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista y las actuaciones relacionadas con la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado
No se ha evaluado para introducir mejoras, en el marco de una educación inclusiva, como persigue toda evaluación educativa que se precie, sobre cualquier plan implementado, ni se han regulado las funciones y tareas de los profesionales que atienden a este alumnado.
Este proyecto se inicia como se ha señalado, en el curso 2001-2002, con la intención de dar una respuesta educativa acorde a las necesidades de la población con diagnóstico de TGD/TEA, en aquellos casos que requieren de un apoyo educativo intensivo y extenso en el tiempo, para favorecer sus aprendizajes y su integración social.
Con el paso de los años el número de centros ha ido aumentando significativamente. En la actualidad existen más de 700 centros de esta escolarización preferente y más de 850 aulas de apoyo extenso y especializado, para atender las necesidades de este perfil de alumnado. Han ido funcionando gracias a la voluntad de los y las docentes, sin ninguna regulación normativa concreta, ni sobre su organización, funcionamiento o funciones y tareas concretas de los profesionales.
Ahora con el curso empezado, sin escuchar a los profesionales y a las familias se plantea esta resolución, en un contexto de segregación y de recortes en la Educación Pública, como es habitual por parte del Partido Popular.
Entre las medidas “más por menos” que señala esta resolución destacamos:
1- Las aulas de apoyo extenso y especializado en estos centros se crearon para atender a un número máximo de 5 alumnos/-as, dotadas de un profesional de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje y un Técnico Superior en Integración Social. Pues bien, con esta normativa se abre la puerta al aumento de la ratio a 7 alumnos por aula, sin que ello conlleve un aumento de estos profesionales. Este incremento supone un 40% más que en la ratio anterior, cuando las condiciones y necesidades de este alumnado requieren medidas extraordinarias, que hacen inviable una atención adecuada e individualizada, que garantice su desarrollo e inclusión plena en el centro escolar y en su entorno social.
2- La nueva normativa establece un tiempo de permanencia en el aula de apoyo extenso y especializado de al menos ⅔ de la jornada escolar, sin tener en cuenta las características y necesidades individuales que este alumnado pueda precisar durante su escolaridad, o en periodos críticos que requieran de una mayor atención. Además, proponen revisiones anuales; por sí este alumnado no se ajusta a este criterio y modificar así su modalidad de escolarización, es decir, derivarlos a Centros de Educación Especial, sin darles tiempo a desarrollar todas sus potencialidades en los centros ordinarios.
3- Además, establece que en el aula de apoyo extenso y especializado no pueda haber más de 5 alumnos a la vez, obviando que los apoyos por parte de PT o AL se pueden proporcionar tanto dentro de este aula como en el aula de referencia, para facilitar y acompañar al alumno en su grupo-clase. ¿Cómo se va a poder tener, al mismo tiempo a los 5 alumnos y poder prestar ese apoyo tan importante en el grupo de referencia? Sin duda, esta normativa la ha elaborado alguien que parece desconocer u obviar las necesidades reales de estos alumnos y alumnas.
4- Por otra parte, si los EOEP tienen que hacer valoraciones y revisiones anuales, ven incrementada su carga de trabajo, ya de por sí saturada, lo que hace muy difícil poder llevarlas a cabo por falta de tiempo y de plantilla. Seguimos pues con más por menos; es decir, más trabajo con los mismos profesionales, ya sobresaturados, con ratios imposibles de abarcar.
Asimismo, tememos que lo que esconde esta valoración continuada es empujar al alumnado que no avance según “unos criterios” (criterios que no se ajustan a las características de este alumnado) a un cambio de modalidad. De esta manera se fomenta la segregación y la exclusión favoreciendo su derivación en mayor medida a centros de Educación Especial. De hecho la respuesta que se ha dado en algunos casos a las familias que ven rechazadas las solicitudes de incorporación de sus hijos/-as a estos centros, van en la línea de recomendar la conveniencia de un cambio de modalidad de escolarización en este sentido.
5- La “nueva ocurrencia”, que no es nueva, pero que atenta gravemente contra la Atención Temprana (fundamental para este alumnado, ya que provee de los apoyos y medidas oportunas, desde la primera detección de necesidades) es que “primero tienen que pasar por otros apoyos o medidas específicas de atención educativa previas, que se hubieran aplicado durante un tiempo suficiente”, es decir desde los apoyos ordinarios. Ello supone retrasar notablemente la aplicación de las medidas de ajuste adecuadas, aun cuando estén ya detectadas en la primera evaluación temprana. No se entiende bien este retraso discriminatorio e injustificado, si no es para ahorrarse recursos personales y materiales.
6- En lo referente a los recursos personales de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje y el de Técnico Especialista en Integración Social, no se definen sus funciones, pero además con la normativa se les considera recursos del centro. Ello implica que podrán ejercer otras funciones (sustituciones, apoyo a alumnado no TEA...), a pesar de tratarse de perfiles de intervención específicamente previstos en estos centros preferentes, para atender al alumnado del aula de apoyo extenso y especializado.
7- La normativa también afecta al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo, que es el que se ocupa de asesorar sobre este perfil de alumnado. Entre sus funciones se destaca la de asesorar de manera sistemática, desde el ámbito de la especialización, al conjunto del profesorado y resto de profesionales destinados en los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de TEA. ¿Cómo pueden llevarlo a cabo cuando sólo hay un equipo para 800 aulas y además se ocupan de otros alumnos y alumnas con alteraciones graves en la comunicación y relación social?
Como hemos señalado, esta nueva normativa ha llegado con el curso ya empezado sin tener en cuenta la opinión de los y las profesionales o la de las familias, de colectivos y asociaciones implicados en la atención respetuosa e inclusiva de la discapacidad.
Es una nueva arremetida deliberada contra el alumnado más vulnerable, que necesita una respuesta ajustada a sus necesidades y nunca debería ser la víctima, como es el caso, de la política de saqueo a la Educación Pública del Partido Popular. Un Partido Popular empeñado en segregar, excluir y recortar la atención a la diversidad.
¿Cuántos más destrozos y recortes vamos a tener que seguir soportando los madrileños y madrileñas?
Revertir esta situación en el futuro, una vez que estos pésimos gestores de lo público ya no estén, va a tener un coste demasiado grande.
6 de noviembre de 2023
