Comunicado sobre la situación en el inicio de curso 2025-26 de la Formación Profesional reglada en la Comunidad de Madrid (Podemos Comunidad de Madrid. 4-8-2025)

 

Otro año más el Gobierno de la Comunidad de Madrid repite la misma política nefasta,

agravando la situación de la Formación Profesional pública a través del proceso de matriculación

 

Podemos Comunidad de Madrid denunciamos:

• Los obstáculos que pone la Comunidad para el estudio de los Ciclos de Grado Superior en los centros públicos al exigir al alumnado una tasa de matrícula de 400€, cantidad que no se exige en otras comunidades al no existir tal gravamen o haberse suprimido.

• La insuficiente oferta de plazas de FP en los centros públicos que se repite año tras año. Como en años anteriores, hasta un 50% de la demanda de plazas solicitadas en primera opción quedará insatisfecha en la mayoría de las familias profesionales. En vez de fomentar estos estudios en los centros públicos (en todas sus modalidades y formas), el Gobierno de la Comunidad de Madrid los lleva a centros privados concertados y privados.

• La concesión de cheques escolares, enmascaradas bajo el nombre de “becas", cada vez más cuantiosas, destinadas únicamente al alumnado que se matricula en centros privados, aunque no cubren el coste total de la matrícula. Díaz Ayuso destinará el próximo curso 30,5 millones de euros a estudiantes de Grado Medio y Superior, que la Consejería de Educación transferirá a través de la entidad colaboradora, repartidos en diez mensualidades, a partir de septiembre directamente a los centros de FP privados.

• Las operaciones de marketing que hace la Comunidad de Madrid con respecto a las diferentes modalidades de FP sin que sepamos los resultados de la evaluación de las mismas, si es que ha existido. Asimismo, tampoco conocemos los resultados de la implantación en el sistema de la reciente normativa de FP que ha generado un incremento desmesurado del trabajo burocrático para el profesorado, problemas para la realización de la parte práctica en las empresas (falta de puestos formativos en las mismas), etc.

• La deriva autoritaria, propia de organizaciones políticas temerosas de la democracia, hurtando información a los interesados y a los agentes sociales para gestionar la escasez provocada por su política contra lo público.

• La opacidad del proceso de asignación de ciclos a los centros de FP públicos, especialmente de los títulos más novedosos, así como la matrícula sin garantía de poder realizar la parte práctica en la empresa; recordamos, como ejemplo, lo sucedido en la Familia Profesional Sanitaria en el curso 2024/25. 

Por ello, exigimos:

• El aumento de la oferta de plazas de FP en los centros públicos ajustándola a la demanda del alumnado y del sistema productivo, mediante el incremento del número de profesores, de profesionales de Orientación, de personal de limpieza y de auxiliares de control necesarios para doblar los grupos si fuera necesario y no poner en riesgo la salud del alumnado, familias y trabajadoras y trabajadores públicos.

• El aumento de medios materiales (renovación de maquinaria en las aulas taller; actualización de programas informáticos; mobiliario adecuado a las necesidades de las nuevas generaciones -en algunas aulas las sillas y mesas no son adecuadas para la salud laboral de los alumnos).

• La implantación en los centros públicos de las nuevas especialidades demandadas por la sociedad y el sector productivo.

• El blindaje de la Formación Profesional Pública y el de todas las etapas educativas públicas.

• La climatización de todos los centros educativos públicos.

Todos estos problemas no son nuevos y se repiten año tras año con las administraciones del PP que han apostado por degradar la enseñanza pública, blindando en la práctica la enseñanza privada-concertada y la privada.

 

Con una mínima inversión en los centros públicos de FP podría aumentarse su oferta en cerca de un 50% allí donde haya un turno sin uso, ya que la mayor parte de las aulas taller sólo funcionan en turno de mañana. Para su puesta en funcionamiento en doble turno, se necesitaría solamente la contratación del profesorado necesario.

Con las políticas privatizadoras de Ayuso y de su gobierno que, en lugar de priorizar la Educación Pública, gestionan la educación como un negocio para que se beneficien determinadas empresas privadas, la auténtica igualdad de oportunidades es simplemente una quimera. El alumnado que demanda centros públicos y, en determinadas especialidades, se queda en gran proporción fuera de esta opción, ha de acudir a otras alternativas que implican un coste imposible para muchos. A pesar de que pretenden enmascarar la “libertad de elección” y la “igualdad de oportunidades” mediante “becas”, en realidad son cheques escolares para cursar los ciclos exclusivamente en centros privados destinados al alumnado cuyas familias tienen recursos económicos (uno de los requisitos para obtener el cheque escolar es No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913€). En esta misma línea es imprescindible la supresión del pago de 400€ para matricularse en un Ciclo Superior en los centros públicos.

Podemos Comunidad de Madrid denunciamos que es inadmisible dejar sin formación a miles y miles de alumnas y alumnos en la Comunidad de Madrid, con un paro en los menores de 25 años cercano al 20%.

 

Equipo de Formación Profesional

Área de Educación

Podemos Comunidad de Madrid

4 de agosto de 2025

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO en la Comunidad de Madrid (Área de Educación Podemos CM. 25-4-2024)

  

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO

en la Comunidad de Madrid

Nuevamente vuelven este curso 2023/24 las evaluaciones externas (*1) de los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Y lo hacen sin haber resuelto (ni asomo de voluntad para ello) el problema de las evaluaciones estandarizadas de lápiz y papel, que no tienen en cuenta los contextos concretos donde se desarrollan los aprendizajes, es decir el esfuerzo de los docentes y familias, la variabilidad socioeconómica poblacional y los escasos recursos personales con que cuentan los centros, para atender las muy diversas necesidades educativas del alumnado de nuestra región.

La evaluación es necesaria sin duda y ha de perseguir ante todo mejorar no solo la presencia sino la participación y el éxito en los aprendizajes de todos los alumnos y alumnas, en un proceso continuo de mejora de la inclusión educativa.

Las variables estructurales (excesivas ratios, sobresaturación de horas lectivas que dificultan la coordinación docente, escasos recursos para atender la diversidad funcional de las aulas, el área única de elección de centro, etc.), así como decisiones políticas segregadoras como el bilingüismo y las nuevas normativas, desarrolladas en nuestra comunidad por los actuales gestores a partir de la Ley Maestra, están teniendo consecuencias nefastas en el progreso de la educación en Madrid. Estos aspectos nunca se tienen en cuenta a la hora de evaluar el sistema educativo madrileño.

Desde el Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid siempre nos hemos opuesto a este tipo de pruebas y al uso espurio que se ha hecho de ellas, como la publicación de resultados que sitúan a los centros en torno a un ranking. Estas pruebas generan estereotipos sobre los centros educativos y los contextos en los que se encuentran, sobre las expectativas del alumnado, familias y la elección de itinerarios, situando a los centros en dinámicas de competición opuestas a los fines de una educación para todos y todas.

Estas evaluaciones no aportan además ningún cambio sustancial en la mejora de los procesos educativos, como se ha venido comprobando a lo largo de los años. Ni vienen a corregir desigualdades ni la mejora del sistema educativo, ya que en ningún momento proponen medidas realmente necesarias y efectivas, como incrementar el número de profesionales, reducir ratios para favorecer mayor atención individualizada, compensar con más recursos materiales en contextos más desfavorecidos, o facilitar el desarrollo de prácticas pedagógicas que dan buenos resultados para todo el alumnado, tengan o no necesidades específicas de aprendizaje.

La estandarización y descontextualización de estas pruebas para valorar el rendimiento académico del alumnado sin tener en cuenta su punto de partida, la variedad sociocultural y educativa de los centros, obstaculiza a muchos alumnos y alumnas a la hora de realizarlas. Las competencias evaluadas a través de este tipo de exámenes escritos, no tiene en cuenta una visión global competencial, quedando fuera aspectos educativos muy relevantes para la formación global de una ciudadanía consciente, crítica, solidaria y proactiva, para responder a los desafíos de las sociedades actuales, que aparecen de manera explícita formulados en nuestro marco legislativo estatal de educación (LOMLOE). Tal es el caso de la música, las artes, la convivencia, la autonomía personal, el trabajo en equipo, la educación física o la educación en valores, entre otras.

Estos instrumentos de evaluación condicionan las prácticas escolares, reorientando la metodología y la práctica educativa. Influyen en la temporalidad y selección de contenidos, privilegiando ciertos temas sobre otros, dejando de lado ciertos aprendizajes frente a otros, homogeneizando prácticas docentes, dedicando tiempo al entrenamiento en estos exámenes, con el objetivo de que una mayoría del alumnado supere con éxito dichas pruebas. Esto afecta a la atención a la diversidad de las aulas, escasamente representada en ellas.

Estas pruebas constituyen en sí mismas un instrumento de regulación y control del profesorado, descontextualizando los contenidos curriculares intentando homogeneizar al alumnado, profesorado y a la comunidad educativa, haciéndoles competir por los resultados.

Esta forma de evaluar el sistema educativo atenta contra la inclusión y la equidad. Excluyen a un alumnado diverso funcionalmente, que debería ser foco de mayor atención. Incluso aunque se adopten medidas de adaptación curricular de estos exámenes, en los cómputos globales, determinados resultados no se tienen en cuenta a la hora de establecer medias de cada centro, por lo que esta práctica excluye al alumnado más vulnerable.

No evalúa procesos sino productos. Las evaluaciones han de contemplar el progreso de todos y de todas, especialmente las más vulnerables. Con estas pruebas, algunos centros pueden obtener malos resultados, a pesar de que conocemos que hacen un trabajo espléndido en la atención de la diversidad e inclusión. Salen mal en esa foto.

Las escuelas han de avanzar hacia mayores niveles de inclusión, pero también promoviendo aprendizajes para formar sociedades más inclusivas.

La resolución por la que se dictan las instrucciones de estas pruebas, vuelve a cometer los mismos errores que en ocasiones pasadas, lo que lleva a pensar que se trata de una intención deliberada, que parte de concepciones erróneas e ideologizadas sobre la evaluación como diagnóstico, poniendo una vez más el énfasis en determinados conocimientos a transmitir y evaluar.

Así pues, rechazamos esta supuesta evaluación porque:

• No es más que un etiquetaje y calificación de centros con la más que probable comparación entre ellos y el grave riesgo de que vuelvan a aparecer listados clasificatorios, como si de una competición se tratara.

• Estas pruebas no son necesarias, ni van dirigidas a la mejora de la calidad, de la equidad y de la excelencia (no sabemos de quienes) como falazmente señala en su justificación la resolución.

• Es falso que contribuya a detectar los factores que afectan a las trayectorias y al rendimiento del alumnado (ni siquiera lo plantean) y tampoco sirven para identificar las causas de los resultados como pretenciosamente señala la resolución.

• Es segregadora, excluyente del alumnado más vulnerable y deja en manos de los centros las medidas y propuestas de mejora. El apoyo por parte de la administración educativa a la mejora de los procesos de aprendizaje y la posible provisión de recursos para atender un alumnado heterogéneo ni están ni ya se las espera.

• Consideramos que hay otras herramientas de investigación y diagnóstico, complementarias en sí mismas, que pueden contribuir a esclarecer dificultades y líneas de actuación de apoyo decidido a los centros y a los procesos educativos, respetando la iniciativa y autonomía de los propios centros.

• No cuentan ni han contado nunca con la opinión de los docentes, las familias y el propio alumnado.

• Son sólo un paripé, una impostura de propaganda, a la que nos tienen desafortunadamente ya acostumbradas, desviando la atención de las necesidades educativas reales de los centros y del alumnado.

En Podemos Comunidad de Madrid entendemos que la función evaluadora es algo más que calificar y forma parte de un proceso reflexivo compartido y participativo, cuya finalidad última ha de ser construir comunidades cohesionadas e inclusivas.

Por todo ello:

• Compartimos las reticencias y el rechazo de Marea Verde, de diversos colectivos, organizaciones y plataformas vinculadas a la Educación Pública y entendemos, por tanto, la desconfianza que dichas pruebas suscitan en la comunidad educativa.

• Respaldamos cualquier intervención evaluadora de diagnóstico, dirigida a identificar problemas y encontrar soluciones.

• Apoyamos y apoyaremos cualquier iniciativa dirigida a rechazar este tipo de pruebas.

25 de abril de 2024

Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid

(*1) RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LOS ALUMNOS DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL CURSO ESCOLAR 2023-2024 (15-3-2024)

Puedes descargar el comunicado en este enlace.