Comunicado sobre la situación en el inicio de curso 2025-26 de la Formación Profesional reglada en la Comunidad de Madrid (Podemos Comunidad de Madrid. 4-8-2025)

 

Otro año más el Gobierno de la Comunidad de Madrid repite la misma política nefasta,

agravando la situación de la Formación Profesional pública a través del proceso de matriculación

 

Podemos Comunidad de Madrid denunciamos:

• Los obstáculos que pone la Comunidad para el estudio de los Ciclos de Grado Superior en los centros públicos al exigir al alumnado una tasa de matrícula de 400€, cantidad que no se exige en otras comunidades al no existir tal gravamen o haberse suprimido.

• La insuficiente oferta de plazas de FP en los centros públicos que se repite año tras año. Como en años anteriores, hasta un 50% de la demanda de plazas solicitadas en primera opción quedará insatisfecha en la mayoría de las familias profesionales. En vez de fomentar estos estudios en los centros públicos (en todas sus modalidades y formas), el Gobierno de la Comunidad de Madrid los lleva a centros privados concertados y privados.

• La concesión de cheques escolares, enmascaradas bajo el nombre de “becas", cada vez más cuantiosas, destinadas únicamente al alumnado que se matricula en centros privados, aunque no cubren el coste total de la matrícula. Díaz Ayuso destinará el próximo curso 30,5 millones de euros a estudiantes de Grado Medio y Superior, que la Consejería de Educación transferirá a través de la entidad colaboradora, repartidos en diez mensualidades, a partir de septiembre directamente a los centros de FP privados.

• Las operaciones de marketing que hace la Comunidad de Madrid con respecto a las diferentes modalidades de FP sin que sepamos los resultados de la evaluación de las mismas, si es que ha existido. Asimismo, tampoco conocemos los resultados de la implantación en el sistema de la reciente normativa de FP que ha generado un incremento desmesurado del trabajo burocrático para el profesorado, problemas para la realización de la parte práctica en las empresas (falta de puestos formativos en las mismas), etc.

• La deriva autoritaria, propia de organizaciones políticas temerosas de la democracia, hurtando información a los interesados y a los agentes sociales para gestionar la escasez provocada por su política contra lo público.

• La opacidad del proceso de asignación de ciclos a los centros de FP públicos, especialmente de los títulos más novedosos, así como la matrícula sin garantía de poder realizar la parte práctica en la empresa; recordamos, como ejemplo, lo sucedido en la Familia Profesional Sanitaria en el curso 2024/25. 

Por ello, exigimos:

• El aumento de la oferta de plazas de FP en los centros públicos ajustándola a la demanda del alumnado y del sistema productivo, mediante el incremento del número de profesores, de profesionales de Orientación, de personal de limpieza y de auxiliares de control necesarios para doblar los grupos si fuera necesario y no poner en riesgo la salud del alumnado, familias y trabajadoras y trabajadores públicos.

• El aumento de medios materiales (renovación de maquinaria en las aulas taller; actualización de programas informáticos; mobiliario adecuado a las necesidades de las nuevas generaciones -en algunas aulas las sillas y mesas no son adecuadas para la salud laboral de los alumnos).

• La implantación en los centros públicos de las nuevas especialidades demandadas por la sociedad y el sector productivo.

• El blindaje de la Formación Profesional Pública y el de todas las etapas educativas públicas.

• La climatización de todos los centros educativos públicos.

Todos estos problemas no son nuevos y se repiten año tras año con las administraciones del PP que han apostado por degradar la enseñanza pública, blindando en la práctica la enseñanza privada-concertada y la privada.

 

Con una mínima inversión en los centros públicos de FP podría aumentarse su oferta en cerca de un 50% allí donde haya un turno sin uso, ya que la mayor parte de las aulas taller sólo funcionan en turno de mañana. Para su puesta en funcionamiento en doble turno, se necesitaría solamente la contratación del profesorado necesario.

Con las políticas privatizadoras de Ayuso y de su gobierno que, en lugar de priorizar la Educación Pública, gestionan la educación como un negocio para que se beneficien determinadas empresas privadas, la auténtica igualdad de oportunidades es simplemente una quimera. El alumnado que demanda centros públicos y, en determinadas especialidades, se queda en gran proporción fuera de esta opción, ha de acudir a otras alternativas que implican un coste imposible para muchos. A pesar de que pretenden enmascarar la “libertad de elección” y la “igualdad de oportunidades” mediante “becas”, en realidad son cheques escolares para cursar los ciclos exclusivamente en centros privados destinados al alumnado cuyas familias tienen recursos económicos (uno de los requisitos para obtener el cheque escolar es No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913€). En esta misma línea es imprescindible la supresión del pago de 400€ para matricularse en un Ciclo Superior en los centros públicos.

Podemos Comunidad de Madrid denunciamos que es inadmisible dejar sin formación a miles y miles de alumnas y alumnos en la Comunidad de Madrid, con un paro en los menores de 25 años cercano al 20%.

 

Equipo de Formación Profesional

Área de Educación

Podemos Comunidad de Madrid

4 de agosto de 2025

Condiciones inhumanas en Escuelas Infantiles y demás centros educativos por la falta de sistemas de climatización (Comunicado de Podemos CM. 20-6-2025)

Podemos Comunidad de Madrid queremos denunciar las condiciones inhumanas que se están viviendo, ya desde finales de mayo, en las escuelas infantiles debido a las altas temperaturas

Recordamos a la Comunidad de Madrid que hay que cumplir la normativa y directrices marcadas en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

El Anexo III “Condiciones ambientales de los trabajos” describe que han de evitarse tanto temperaturas como humedades extremas, aspectos que se están incumpliendo en muchas escuelas debido a las eternas goteras, a la falta de aparatos de climatización y bombas de calor. 

El punto 3 de dicho Anexo III determina la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros, que sería el caso específico de las escuelas infantiles, entre 14 y 25 grados. 

Actualmente hemos recibido quejas por parte del personal trabajador de Escuelas Infantiles en las que se observan mediciones que alcanzan hasta los 29 grados en aulas, hecho inaceptable, que no permite el sano desarrollo de las rutinas y que pueden llevar a posibles golpes de calor, bajadas de tensión, irritabilidad, imposibilidad de conciliar el sueño… Hay que destacar que estamos hablando de menores de 0-3 años y que es deber de las administraciones velar por su salud física y mental, aparte, naturalmente, del de las trabajadoras que desarrollan sus funciones en estas condiciones ambientales.

De nuevo volvemos a plantear la gran diferencia que existe entre las escuelas infantiles, ya que algunas, tanto de gestión directa como indirecta, disponen de sistemas de climatización; otras no disponen de estos recursos y sufren estas condiciones indignas, insalubres y que afectan al desarrollo de sus funciones, perjudicando claramente su salud y la calidad educativa que se puede ofrecer en estos centros. 

Exigimos igualdad de condiciones, no solo laborales, sino también de recursos para todas las escuelas infantiles. No podemos consentir que haya esta diferencia tan grande y tan segregadora para las criaturas que no hayan tenido la suerte de conseguir plaza en una escuela con condiciones climáticas adecuadas. Todas las escuelas infantiles y centros educativos tienen que ofrecer unas condiciones mínimas que, al menos, cumplan con la normativa vigente.

Esta circunstancia también se produce en el resto de las etapas educativas y su situación es igualmente preocupante y grave. Incidimos en este comunicado en las escuelas infantiles porque niños y niñas muy pequeñas y el personal trabajador continúan acudiendo a los centros en el mes de julio y se ven expuestos a unas condiciones que repercuten en su salud y en la mayor fragilidad y vulnerabilidad de las criaturas.

Área de Educación de Podemos CM

19 de junio de 2025

Exigimos al Gobierno de la CM que garantice plazas para que todo el alumnado matriculado en los centros públicos de Formación Profesional reglada realice sus prácticas en empresas (Comunicado de Podemos CM. 5-2-2025)

 

Podemos Comunidad de Madrid exige al Gobierno de la CM que garantice plazas para que todo el alumnado matriculado en los centros públicos de Formación Profesional reglada realice sus prácticas en empresas 

Desde hace algún tiempo el alumnado de Formación Profesional, con especial incidencia en algunas  familias profesionales y ciclos, ve conculcado su derecho a la realización de las prácticas en las empresas por no disponer de la correspondiente plaza. Si el curso pasado, 2023-24, ya hubo graves problemas, en el presente curso han aumentado con la entrada en vigor de la normativa que obliga a hacer la estancia en las empresas más tiempo y en diferentes períodos, a lo que se añade el incremento de personas que cursan la Formación Profesional. La preocupación personal provocada en cada alumna y alumno afectados es intolerable. No sólo se vulnera un derecho, sino que es inadmisible la percepción de la ciudadanía que es abandonada, individuo a individuo, una vez más por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Por todo ello, MANIFESTAMOS lo siguiente:

• La realización de las prácticas en las empresas es un derecho que adquiere cada alumno o alumna que se matricula en un ciclo formativo de Formación Profesional. Desde ese mismo instante ha de tener garantizado su acceso, sin merma alguna de la calidad, a las prácticas en empresas. El problema causado por la falta de cumplimiento por parte de las administraciones madrileñas no debe considerarse como una cuestión individual de cada persona matriculada; tiene carácter social y, por lo tanto, debe concernir e implicar a todos los agentes sociales (administraciones públicas, empresas públicas y privadas, CEOE, sindicatos, partidos políticos…).

• La política privatizadora de la actual administración hace desconfiar de la eficacia en su cometido y obligación ya que de esta manera orienta al alumnado hacia el sector privado que puede solucionar las prácticas de otras maneras, en ocasiones, “poco ortodoxas”.

• La amplia red de instituciones y centros públicos de las administraciones (hospitales, centros de salud, universidades, ayuntamientos, ministerios, comunidad, correos, metro, RENFE, etc.) en los que se podrían hacer estas prácticas es un recurso que se debe poner a disposición de todos los centros públicos de Formación Profesional. 

• La dotación de recursos materiales en los centros, además del personal necesario, no deben ser escatimados tal y como se observa de forma reiterada. Los centros, y especialmente los tutores de prácticas en las empresas han disponer de tiempo y bolsas de empresas suficientes proporcionadas por las administraciones madrileñas. Estas y los agentes sociales deben ser una fuente de apoyo con acuerdos e instituciones que asuman la Formación Profesional como empeño y obligación colectiva de la sociedad.

Por lo tanto exigimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid

• proporcione y garantice de manera inmediata la realización de esas prácticas a cada alumno y alumna que, al estar matriculados en Formación Profesional, tienen derecho a hacer prácticas en empresa, de acuerdo con lo programado en cada centro y ciclo. Las administraciones madrileñas tienen la obligación de solucionarlo y no pueden inhibirse como si esto fuera un problema personal de cada alumna y alumno;

• haga una planificación a medio y largo plazo para que se garanticen las prácticas en empresas sin que curso tras curso siga de manera reiterada el problema que no es sino un maltrato al alumnado. 

Podemos CM apoyamos las acciones, huelgas y movilizaciones convocadas por las asambleas de alumnado y el Sindicato de Estudiantes. Asimismo, hacemos un llamamiento a participar en la Manifestación convocada el jueves 6 de febrero, a las 18:30 h., de Atocha a la Plaza de Jacinto Benavente, y en la asamblea abierta posterior. 

5 de febrero de 2025

Equipo de Formación Profesional del Área de Educación de Podemos CM

Ayuso da un paso más en su labor de segregación y exclusión del alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista) de la Comunidad de Madrid (Comunicado del Área de Educación de Podemos CM. 5-6-2024)

 

Ayuso da un paso más en su labor de segregación y exclusión

del alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista)

de la Comunidad de Madrid

Cuando se publicó la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones para facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista y las actuaciones relacionadas con la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado ya advertíamos en nuestro Comunicado de 6 de noviembre de 2023 de que lo que esconde esta valoración continuada es empujar al alumnado que no avance según “unos criterios” (criterios que no se ajustan a las características de este alumnado) a un cambio de modalidad. Esto significa que el alumnado con necesidades de apoyo más intensivo será derivado a la modalidad de Educación Especial, o bien desde el inicio de su escolarización, o bien cambiándoles de modalidad en cualquier momento. 

De esta manera se fomenta la segregación y la exclusión favoreciendo su derivación en mayor medida a centros de Educación Especial. De hecho la respuesta que se ha dado en algunos casos a las familias que ven rechazadas las solicitudes de incorporación de sus hijos/-as a estos centros, van en la línea de recomendar la conveniencia de un cambio de modalidad de escolarización en este sentido. 

Ya es una realidad: Ayuso y su gobierno, desconociendo u obviando las necesidades reales de estos alumnos y alumnas con Trastorno del Espectro Autista les dejan fuera de la escolarización de los centros ordinarios y les derivan a la modalidad educativa de Educación Especial, sin darles tiempo a desarrollar todas sus potencialidades en los centros ordinarios, con la excusa de que puedan tener los apoyos y recursos que deberían tener en sus centros educativos. 

Era de prever, como ya se advertía desde los equipos de orientación y evaluación psicopedagógica públicos, al constatar el rechazo de la mayoría de sus propuestas de apoyo intensivo en centro ordinario, por parte de la comisión interterritorial, sin criterios claros y conocidos para ello. 

Sin anticipación ni previsión, como acostumbra esta Consejería, nos encontramos de golpe con la necesidad de encajar la escolarización de este alumnado, con lo que lo que supone de quebranto para las familias, en centros de educación especial, alejados de su entorno cercano. 

Ya han comunicado a las familias de casi 80 alumnos y alumnas el traslado forzoso de sus hijas e hijos al CEIP Perú, un centro de escolarización ordinaria, donde la Consejería de Educación pone en práctica su Ley Maestra, al crear aulas de Educación Especial en centros ordinarios. 

Esto supone un maltrato al alumnado con TEA porque se trata de un centro público:

·    Con aulas separadas de Educación Especial. 

·  Alejado de sus domicilios, lo que implica en la mayoría de los casos un desplazamiento de muchos kilómetros.

·   Que va a tener que soportar a diario y durante mucho tiempo el ruido de la tuneladora y la contaminación de las obras para la ampliación de la L11 de metro, condiciones intolerables para su alumnado actual y aún más, dadas sus características, para el alumnado al que van a desplazar a sus instalaciones.

·    Que las familias rechazan porque lo que solicitan  es un centro público inclusivo, y cercano a su domicilio, con los apoyos y recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades que sus hijos e hijas  precisan. 

Es una nueva arremetida deliberada contra el alumnado más vulnerable, que necesita una respuesta ajustada a sus necesidades y nunca debería ser la víctima, como es el caso, de la política de saqueo a la Educación Pública del Partido Popular. Un Partido Popular empeñado en segregar, excluir y recortar la atención a la diversidad.  

Por estas razones, tenemos clara la doble intencionalidad de Ayuso. 

Por un lado, crea la necesidad de construir más centros de Educación Especial, insistiendo en su afán segregador y de dar negocio a empresas privadas. 

Y, por otro, continúa con su objetivo de desmantelar la Educación Pública al seguir deteriorando las condiciones del CEIP Perú:

·   A pesar de ser el único centro público de la zona con posibilidades de crecer, ya no va a poder cubrir la numerosa demanda de nuevas plazas en el Primer Ciclo de Educación Infantil para el próximo curso. 

·    Además incrementa la ocupación de instalaciones, como el gimnasio, que se destinará al centro de Educación Especial, y el patio del Segundo Ciclo de Educación Infantil, espacios que se añaden a los que el actual alumnado lleva años sin poder utilizar. 

El modelo educativo de Podemos es inclusivo: todo el alumnado tiene derecho a una plaza en un centro educativo público cercano a su domicilio y dotado de los profesionales necesarios (un Orientador/-a por cada 250 alumnos, docentes de Pedagogía Terapéutica -PT-, de Audición y Lenguaje -AL- , Técnicos Superiores en Integración Social -TIS-, Profesionales de Servicios a la Comunidad-PSC-) y de los recursos materiales adecuados para garantizar su éxito educativo. 

Nos merecemos una administración educativa que empatice con las necesidades de su alumnado y no adopte decisiones arbitrarias, sin anticipación, sin debate ni participación con los docentes, servicios de orientación públicos y las familias. 

La Educación, si no es inclusiva, sólo es un instrumento de segregación y clasificación social, en contra de una sociedad cohesionada, solidaria, activa y participativa por la que apostamos. 

¿Cuántos más destrozos y recortes vamos a tener que seguir soportando los madrileños y madrileñas en la Educación Pública? 

5 de mayo de 2024

Equipo de Inclusión educativa

del Área de Educación de Podemos CM

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO en la Comunidad de Madrid (Área de Educación Podemos CM. 25-4-2024)

  

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO

en la Comunidad de Madrid

Nuevamente vuelven este curso 2023/24 las evaluaciones externas (*1) de los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Y lo hacen sin haber resuelto (ni asomo de voluntad para ello) el problema de las evaluaciones estandarizadas de lápiz y papel, que no tienen en cuenta los contextos concretos donde se desarrollan los aprendizajes, es decir el esfuerzo de los docentes y familias, la variabilidad socioeconómica poblacional y los escasos recursos personales con que cuentan los centros, para atender las muy diversas necesidades educativas del alumnado de nuestra región.

La evaluación es necesaria sin duda y ha de perseguir ante todo mejorar no solo la presencia sino la participación y el éxito en los aprendizajes de todos los alumnos y alumnas, en un proceso continuo de mejora de la inclusión educativa.

Las variables estructurales (excesivas ratios, sobresaturación de horas lectivas que dificultan la coordinación docente, escasos recursos para atender la diversidad funcional de las aulas, el área única de elección de centro, etc.), así como decisiones políticas segregadoras como el bilingüismo y las nuevas normativas, desarrolladas en nuestra comunidad por los actuales gestores a partir de la Ley Maestra, están teniendo consecuencias nefastas en el progreso de la educación en Madrid. Estos aspectos nunca se tienen en cuenta a la hora de evaluar el sistema educativo madrileño.

Desde el Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid siempre nos hemos opuesto a este tipo de pruebas y al uso espurio que se ha hecho de ellas, como la publicación de resultados que sitúan a los centros en torno a un ranking. Estas pruebas generan estereotipos sobre los centros educativos y los contextos en los que se encuentran, sobre las expectativas del alumnado, familias y la elección de itinerarios, situando a los centros en dinámicas de competición opuestas a los fines de una educación para todos y todas.

Estas evaluaciones no aportan además ningún cambio sustancial en la mejora de los procesos educativos, como se ha venido comprobando a lo largo de los años. Ni vienen a corregir desigualdades ni la mejora del sistema educativo, ya que en ningún momento proponen medidas realmente necesarias y efectivas, como incrementar el número de profesionales, reducir ratios para favorecer mayor atención individualizada, compensar con más recursos materiales en contextos más desfavorecidos, o facilitar el desarrollo de prácticas pedagógicas que dan buenos resultados para todo el alumnado, tengan o no necesidades específicas de aprendizaje.

La estandarización y descontextualización de estas pruebas para valorar el rendimiento académico del alumnado sin tener en cuenta su punto de partida, la variedad sociocultural y educativa de los centros, obstaculiza a muchos alumnos y alumnas a la hora de realizarlas. Las competencias evaluadas a través de este tipo de exámenes escritos, no tiene en cuenta una visión global competencial, quedando fuera aspectos educativos muy relevantes para la formación global de una ciudadanía consciente, crítica, solidaria y proactiva, para responder a los desafíos de las sociedades actuales, que aparecen de manera explícita formulados en nuestro marco legislativo estatal de educación (LOMLOE). Tal es el caso de la música, las artes, la convivencia, la autonomía personal, el trabajo en equipo, la educación física o la educación en valores, entre otras.

Estos instrumentos de evaluación condicionan las prácticas escolares, reorientando la metodología y la práctica educativa. Influyen en la temporalidad y selección de contenidos, privilegiando ciertos temas sobre otros, dejando de lado ciertos aprendizajes frente a otros, homogeneizando prácticas docentes, dedicando tiempo al entrenamiento en estos exámenes, con el objetivo de que una mayoría del alumnado supere con éxito dichas pruebas. Esto afecta a la atención a la diversidad de las aulas, escasamente representada en ellas.

Estas pruebas constituyen en sí mismas un instrumento de regulación y control del profesorado, descontextualizando los contenidos curriculares intentando homogeneizar al alumnado, profesorado y a la comunidad educativa, haciéndoles competir por los resultados.

Esta forma de evaluar el sistema educativo atenta contra la inclusión y la equidad. Excluyen a un alumnado diverso funcionalmente, que debería ser foco de mayor atención. Incluso aunque se adopten medidas de adaptación curricular de estos exámenes, en los cómputos globales, determinados resultados no se tienen en cuenta a la hora de establecer medias de cada centro, por lo que esta práctica excluye al alumnado más vulnerable.

No evalúa procesos sino productos. Las evaluaciones han de contemplar el progreso de todos y de todas, especialmente las más vulnerables. Con estas pruebas, algunos centros pueden obtener malos resultados, a pesar de que conocemos que hacen un trabajo espléndido en la atención de la diversidad e inclusión. Salen mal en esa foto.

Las escuelas han de avanzar hacia mayores niveles de inclusión, pero también promoviendo aprendizajes para formar sociedades más inclusivas.

La resolución por la que se dictan las instrucciones de estas pruebas, vuelve a cometer los mismos errores que en ocasiones pasadas, lo que lleva a pensar que se trata de una intención deliberada, que parte de concepciones erróneas e ideologizadas sobre la evaluación como diagnóstico, poniendo una vez más el énfasis en determinados conocimientos a transmitir y evaluar.

Así pues, rechazamos esta supuesta evaluación porque:

• No es más que un etiquetaje y calificación de centros con la más que probable comparación entre ellos y el grave riesgo de que vuelvan a aparecer listados clasificatorios, como si de una competición se tratara.

• Estas pruebas no son necesarias, ni van dirigidas a la mejora de la calidad, de la equidad y de la excelencia (no sabemos de quienes) como falazmente señala en su justificación la resolución.

• Es falso que contribuya a detectar los factores que afectan a las trayectorias y al rendimiento del alumnado (ni siquiera lo plantean) y tampoco sirven para identificar las causas de los resultados como pretenciosamente señala la resolución.

• Es segregadora, excluyente del alumnado más vulnerable y deja en manos de los centros las medidas y propuestas de mejora. El apoyo por parte de la administración educativa a la mejora de los procesos de aprendizaje y la posible provisión de recursos para atender un alumnado heterogéneo ni están ni ya se las espera.

• Consideramos que hay otras herramientas de investigación y diagnóstico, complementarias en sí mismas, que pueden contribuir a esclarecer dificultades y líneas de actuación de apoyo decidido a los centros y a los procesos educativos, respetando la iniciativa y autonomía de los propios centros.

• No cuentan ni han contado nunca con la opinión de los docentes, las familias y el propio alumnado.

• Son sólo un paripé, una impostura de propaganda, a la que nos tienen desafortunadamente ya acostumbradas, desviando la atención de las necesidades educativas reales de los centros y del alumnado.

En Podemos Comunidad de Madrid entendemos que la función evaluadora es algo más que calificar y forma parte de un proceso reflexivo compartido y participativo, cuya finalidad última ha de ser construir comunidades cohesionadas e inclusivas.

Por todo ello:

• Compartimos las reticencias y el rechazo de Marea Verde, de diversos colectivos, organizaciones y plataformas vinculadas a la Educación Pública y entendemos, por tanto, la desconfianza que dichas pruebas suscitan en la comunidad educativa.

• Respaldamos cualquier intervención evaluadora de diagnóstico, dirigida a identificar problemas y encontrar soluciones.

• Apoyamos y apoyaremos cualquier iniciativa dirigida a rechazar este tipo de pruebas.

25 de abril de 2024

Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid

(*1) RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LOS ALUMNOS DE SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL CURSO ESCOLAR 2023-2024 (15-3-2024)

Puedes descargar el comunicado en este enlace.

Comunicado de apoyo al alumnado de Formación Profesional pública de la Rama Sanitaria de la Comunidad de Madrid

 

Comunicado de apoyo al alumnado de Formación Profesional pública 

de la Rama Sanitaria de la Comunidad de Madrid

En las últimas semanas, los y las alumnas de Formación Profesional de la rama sanitaria están realizando movilizaciones demandando poder hacer las prácticas imprescindibles para acabar su ciclo formativo, después de años de esfuerzo de ellos y de sus familias.

Una vez más, el afán privatizador del gobierno de Ayuso demuestra que solamente quieren hacer negocio con la Educación y sobre todo con la Formación Profesional, la principal damnificada de estas políticas privatizadoras.

Es inmoral que los alumnos de la pública no puedan realizar de forma gratuita su formación práctica mientras que los de la privada la tienen garantizada. Es lamentable que no haya plazas suficientes para estos alumnos de la pública y que además se quiera cobrar por hacer estas prácticas en centros de titularidad pública.

Exigimos que la Comunidad de Madrid garantice las prácticas gratuitas a estos alumnos y que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, legisle para asegurarlas.

Desde Podemos Comunidad de Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad a las y los estudiantes de Formación Profesional y llamamos a participar de estas movilizaciones y a que se cumplan sus reivindicaciones.

Por una Formación Profesional pública, gratuita y de calidad y que garantice las prácticas independientemente de los ingresos de las familias.

No a la mercantilización de la Educación.

La Educación es un derecho de todos y todas. ¡Que no nos la arrebaten para hacer negocio!

Madrid, 8 de febrero de 2024

Comunicado sobre las Instrucciones de organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista y la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado (Área de Educación de Podemos CM)

Comunicado del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid en respuesta a la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones para facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista y las actuaciones relacionadas con la propuesta de atención educativa específica en un aula de apoyo extenso y especializado

Se trata de una normativa que llega tarde -más de veinte años, 2001-2002, después de la implantación de los centros preferentes de alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA)- y, desde luego, mal, porque empeora las condiciones de estos alumnos y alumnas, tras un largo periplo, en el que, como acostumbra esta administración, no se ha evaluado ni regulado el funcionamiento de este proyecto de centros preferentes.

No se ha evaluado para introducir mejoras, en el marco de una educación inclusiva, como persigue toda evaluación educativa que se precie, sobre cualquier plan implementado, ni se han regulado las funciones y tareas de los profesionales que atienden a este alumnado. 

Este proyecto se inicia como se ha señalado, en el curso 2001-2002, con la intención de dar una respuesta educativa acorde a las necesidades de la población con diagnóstico de TGD/TEA, en aquellos casos que requieren de un apoyo educativo intensivo y extenso en el tiempo, para favorecer sus aprendizajes y su  integración social.

Con el paso de los años el número de centros ha ido aumentando significativamente. En la actualidad existen más de 700 centros de esta escolarización preferente y más de 850 aulas de apoyo extenso y especializado, para atender las necesidades de este perfil de alumnado. Han ido funcionando gracias a la voluntad de los y las docentes, sin ninguna regulación normativa concreta, ni sobre su organización, funcionamiento o funciones y tareas concretas de los profesionales.

Ahora con el curso empezado, sin escuchar a los profesionales y a las familias se plantea esta resolución, en un contexto de segregación y de recortes en la Educación Pública, como es habitual por parte del Partido Popular. 

Entre las medidas “más por menos” que señala esta resolución destacamos:

1- Las aulas de apoyo extenso y especializado en estos centros se crearon para atender a un número máximo de 5 alumnos/-as, dotadas de un profesional de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje y un Técnico Superior en Integración Social. Pues bien, con esta normativa se abre la puerta al aumento de la ratio a 7 alumnos por aula, sin que ello conlleve un aumento de estos profesionales. Este incremento supone un 40% más que en la ratio anterior, cuando las condiciones y necesidades de este alumnado requieren medidas extraordinarias, que hacen inviable una atención adecuada e individualizada, que garantice su desarrollo e inclusión plena en el centro escolar y en su entorno social.

2- La nueva normativa establece un tiempo de permanencia en el aula de apoyo extenso y especializado de al menos ⅔ de la jornada escolar, sin tener en cuenta las características y necesidades individuales que este alumnado pueda precisar durante su escolaridad, o en periodos críticos que requieran de una mayor atención. Además, proponen revisiones anuales; por sí este alumnado no se ajusta a este criterio y modificar así su modalidad de escolarización, es decir, derivarlos a Centros de Educación Especial, sin darles tiempo a desarrollar todas sus potencialidades en los centros ordinarios.

3- Además, establece que en el aula de apoyo extenso y especializado no pueda haber más de 5 alumnos a la vez, obviando que los apoyos por parte de PT o AL se pueden proporcionar tanto dentro de este aula como en el aula de referencia, para facilitar y acompañar al alumno en su grupo-clase. ¿Cómo se va a poder tener, al mismo tiempo a los 5 alumnos y poder prestar ese apoyo tan importante en el grupo de referencia? Sin duda, esta normativa la ha elaborado alguien que parece  desconocer u obviar  las necesidades reales de estos alumnos y alumnas.

4- Por otra parte, si los EOEP tienen que hacer valoraciones y revisiones anuales, ven incrementada su carga de trabajo, ya de por sí saturada, lo que hace muy difícil poder llevarlas a cabo por falta de tiempo y de plantilla. Seguimos pues con más por menos; es decir, más trabajo con los mismos profesionales, ya sobresaturados, con ratios imposibles de abarcar.

Asimismo, tememos que lo que esconde esta valoración continuada es empujar al alumnado que no avance según “unos criterios” (criterios que no se ajustan a las características de este alumnado) a un cambio de modalidad. De esta manera se fomenta la segregación y la exclusión favoreciendo su derivación en mayor medida a centros de Educación Especial. De hecho la respuesta que se ha dado en algunos casos a las familias que ven rechazadas las solicitudes de incorporación de sus hijos/-as a estos centros, van en la línea de recomendar la conveniencia de un cambio de modalidad de escolarización en este sentido.

5- La “nueva ocurrencia”, que no es nueva, pero que atenta gravemente contra la Atención Temprana (fundamental para este alumnado, ya que provee de los apoyos y medidas oportunas, desde la primera detección de necesidades) es que “primero tienen que pasar por otros apoyos o medidas específicas de atención educativa previas, que se hubieran aplicado durante un tiempo suficiente”, es decir desde los  apoyos ordinarios. Ello supone retrasar notablemente la aplicación de las medidas de ajuste adecuadas, aun cuando estén ya detectadas en la primera evaluación temprana. No se entiende bien este retraso discriminatorio e injustificado, si no es para ahorrarse recursos personales y materiales.

6- En lo referente a los recursos personales de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje y el de Técnico Especialista en Integración Social, no se definen sus funciones, pero además con la normativa se les considera recursos del centro. Ello implica que podrán ejercer otras funciones (sustituciones, apoyo a alumnado no TEA...), a pesar de tratarse de perfiles de intervención específicamente previstos en estos centros preferentes, para atender al alumnado del aula de apoyo extenso y especializado.

7- La normativa también afecta al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo, que es el que se ocupa de asesorar sobre este perfil de alumnado. Entre sus funciones se destaca la de asesorar de manera sistemática, desde el ámbito de la especialización, al conjunto del profesorado y resto de profesionales destinados en los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de TEA. ¿Cómo pueden llevarlo a cabo cuando sólo hay un equipo para 800 aulas y además se ocupan de otros alumnos y alumnas con alteraciones graves en la comunicación y relación social?

Como hemos señalado, esta nueva normativa ha llegado con el curso ya empezado sin tener en cuenta la opinión de los y las profesionales o la de las familias, de colectivos y asociaciones implicados en la atención respetuosa e inclusiva  de la discapacidad.

Es una nueva arremetida deliberada contra el alumnado más vulnerable, que necesita una respuesta ajustada a sus necesidades y nunca debería ser la víctima, como es el caso, de la política de saqueo a la Educación Pública del Partido Popular. Un Partido Popular empeñado en segregar, excluir y recortar la atención a la diversidad. 

¿Cuántos más destrozos y recortes vamos a tener que seguir soportando los madrileños y madrileñas? 

Revertir esta situación en el futuro, una vez que estos pésimos gestores de lo público ya no estén, va a tener un coste demasiado grande.

6 de noviembre de 2023

Equipo de Trabajo de Inclusión educativa del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid