Comunicado
sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO
en la Comunidad de Madrid
Nuevamente vuelven este curso 2023/24 las evaluaciones externas (*1) de los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Y lo hacen sin haber resuelto (ni asomo de voluntad para ello) el problema de las evaluaciones estandarizadas de lápiz y papel, que no tienen en cuenta los contextos concretos donde se desarrollan los aprendizajes, es decir el esfuerzo de los docentes y familias, la variabilidad socioeconómica poblacional y los escasos recursos personales con que cuentan los centros, para atender las muy diversas necesidades educativas del alumnado de nuestra región.
La evaluación es necesaria sin duda y ha de perseguir ante todo mejorar no solo la presencia sino la participación y el éxito en los aprendizajes de todos los alumnos y alumnas, en un proceso continuo de mejora de la inclusión educativa.
Las variables estructurales (excesivas ratios, sobresaturación de horas lectivas que dificultan la coordinación docente, escasos recursos para atender la diversidad funcional de las aulas, el área única de elección de centro, etc.), así como decisiones políticas segregadoras como el bilingüismo y las nuevas normativas, desarrolladas en nuestra comunidad por los actuales gestores a partir de la Ley Maestra, están teniendo consecuencias nefastas en el progreso de la educación en Madrid. Estos aspectos nunca se tienen en cuenta a la hora de evaluar el sistema educativo madrileño.
Desde el Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid siempre nos hemos opuesto a este tipo de pruebas y al uso espurio que se ha hecho de ellas, como la publicación de resultados que sitúan a los centros en torno a un ranking. Estas pruebas generan estereotipos sobre los centros educativos y los contextos en los que se encuentran, sobre las expectativas del alumnado, familias y la elección de itinerarios, situando a los centros en dinámicas de competición opuestas a los fines de una educación para todos y todas.
Estas evaluaciones no aportan además ningún cambio sustancial en la mejora de los procesos educativos, como se ha venido comprobando a lo largo de los años. Ni vienen a corregir desigualdades ni la mejora del sistema educativo, ya que en ningún momento proponen medidas realmente necesarias y efectivas, como incrementar el número de profesionales, reducir ratios para favorecer mayor atención individualizada, compensar con más recursos materiales en contextos más desfavorecidos, o facilitar el desarrollo de prácticas pedagógicas que dan buenos resultados para todo el alumnado, tengan o no necesidades específicas de aprendizaje.
La estandarización y descontextualización de estas pruebas para valorar el rendimiento académico del alumnado sin tener en cuenta su punto de partida, la variedad sociocultural y educativa de los centros, obstaculiza a muchos alumnos y alumnas a la hora de realizarlas. Las competencias evaluadas a través de este tipo de exámenes escritos, no tiene en cuenta una visión global competencial, quedando fuera aspectos educativos muy relevantes para la formación global de una ciudadanía consciente, crítica, solidaria y proactiva, para responder a los desafíos de las sociedades actuales, que aparecen de manera explícita formulados en nuestro marco legislativo estatal de educación (LOMLOE). Tal es el caso de la música, las artes, la convivencia, la autonomía personal, el trabajo en equipo, la educación física o la educación en valores, entre otras.
Estos instrumentos de evaluación condicionan las prácticas escolares, reorientando la metodología y la práctica educativa. Influyen en la temporalidad y selección de contenidos, privilegiando ciertos temas sobre otros, dejando de lado ciertos aprendizajes frente a otros, homogeneizando prácticas docentes, dedicando tiempo al entrenamiento en estos exámenes, con el objetivo de que una mayoría del alumnado supere con éxito dichas pruebas. Esto afecta a la atención a la diversidad de las aulas, escasamente representada en ellas.
Estas pruebas constituyen en sí mismas un instrumento de regulación y control del profesorado, descontextualizando los contenidos curriculares intentando homogeneizar al alumnado, profesorado y a la comunidad educativa, haciéndoles competir por los resultados.
Esta forma de evaluar el sistema educativo atenta contra la inclusión y la equidad. Excluyen a un alumnado diverso funcionalmente, que debería ser foco de mayor atención. Incluso aunque se adopten medidas de adaptación curricular de estos exámenes, en los cómputos globales, determinados resultados no se tienen en cuenta a la hora de establecer medias de cada centro, por lo que esta práctica excluye al alumnado más vulnerable.
No evalúa procesos sino productos. Las evaluaciones han de contemplar el progreso de todos y de todas, especialmente las más vulnerables. Con estas pruebas, algunos centros pueden obtener malos resultados, a pesar de que conocemos que hacen un trabajo espléndido en la atención de la diversidad e inclusión. Salen mal en esa foto.
Las escuelas han de avanzar hacia mayores niveles de inclusión, pero también promoviendo aprendizajes para formar sociedades más inclusivas.
La resolución por la que se dictan las instrucciones de estas pruebas, vuelve a cometer los mismos errores que en ocasiones pasadas, lo que lleva a pensar que se trata de una intención deliberada, que parte de concepciones erróneas e ideologizadas sobre la evaluación como diagnóstico, poniendo una vez más el énfasis en determinados conocimientos a transmitir y evaluar.
Así pues, rechazamos esta supuesta evaluación porque:
- No es más que un etiquetaje y calificación de centros con la más que probable comparación entre ellos y el grave riesgo de que vuelvan a aparecer listados clasificatorios, como si de una competición se tratara.
- Estas pruebas no son necesarias, ni van dirigidas a la mejora de la calidad, de la equidad y de la excelencia (no sabemos de quienes) como falazmente señala en su justificación la resolución.
- Es falso que contribuya a detectar los factores que afectan a las trayectorias y al rendimiento del alumnado (ni siquiera lo plantean) y tampoco sirven para identificar las causas de los resultados como pretenciosamente señala la resolución.
- Es segregadora, excluyente del alumnado más vulnerable y deja en manos de los centros las medidas y propuestas de mejora. El apoyo por parte de la administración educativa a la mejora de los procesos de aprendizaje y la posible provisión de recursos para atender un alumnado heterogéneo ni están ni ya se las espera.
- Consideramos que hay otras herramientas de investigación y diagnóstico, complementarias en sí mismas, que pueden contribuir a esclarecer dificultades y líneas de actuación de apoyo decidido a los centros y a los procesos educativos, respetando la iniciativa y autonomía de los propios centros.
- No cuentan ni han contado nunca con la opinión de los docentes, las familias y el propio alumnado.
- Son sólo un paripé, una impostura de propaganda, a la que nos tienen desafortunadamente ya acostumbradas, desviando la atención de las necesidades educativas reales de los centros y del alumnado.
En Podemos Comunidad de Madrid entendemos que la función evaluadora es algo más que calificar y forma parte de un proceso reflexivo compartido y participativo, cuya finalidad última ha de ser construir comunidades cohesionadas e inclusivas.
Por todo ello:
- Compartimos las reticencias y el rechazo de Marea Verde, de diversos colectivos, organizaciones y plataformas vinculadas a la Educación Pública y entendemos, por tanto, la desconfianza que dichas pruebas suscitan en la comunidad educativa.
- Respaldamos cualquier intervención evaluadora de diagnóstico, dirigida a identificar problemas y encontrar soluciones.
- Apoyamos y apoyaremos cualquier iniciativa dirigida a rechazar este tipo de pruebas.
25 de abril de 2024
Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid
Puedes descargar el comunicado en este enlace.
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